Una disputa por la interpretación de las reglas electorales podría definir el futuro de varias organizaciones políticas y comprometer la devolución de alrededor de S/ 150 millones de financiamiento público, advirtió la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.
El conflicto gira en torno a los requisitos que deben cumplir los partidos para mantener su inscripción en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La normativa establece la presentación de candidaturas en 13 gobiernos regionales y 40 gobiernos provinciales.
Pérez Tello cuestionó que Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Ahora Nación pretendan que el requisito sea interpretado como una alternativa: cumplir con las 13 regiones o con las 40 provincias, en lugar de exigir ambos criterios.
Esta interpretación permitiría que varias agrupaciones mantengan su inscripción pese a no haber alcanzado la cobertura regional requerida y, con ello, eviten las consecuencias vinculadas al financiamiento público recibido.
La controversia surgió luego de que el Congreso aprobara, en la última jornada de una legislatura, una modificación que reducía de 13 a 9 el número de candidaturas regionales exigidas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que dicha reducción no puede aplicarse al actual proceso electoral porque fue aprobada después de convocadas las elecciones.
La exministra insistió en que si se respeta el estado de derecho, la pérdida de inscripción obligará a las agrupaciones sancionadas a devolver la totalidad del patrimonio comprado con financiamiento público. «Todas las casitas que compraron hay que devolverlas. Las máquinas, los equipos, todo se devuelve al Estado».
La exministra afirmó que, si se aplica la norma original y los partidos que no cumplieron la valla pierden su inscripción, el Estado podría recuperar alrededor de S/ 150 millones, correspondientes al financiamiento público y al patrimonio adquirido con esos recursos.
En el caso de Obras, Pérez Tello señaló que su inscripción ya se habría perdido de manera definitiva, independientemente de la interpretación que adopte el órgano electoral.
