La familia Ticona denunció amenazas y actos de amedrentamiento luego de recuperar judicialmente un terreno de tres hectáreas ubicado en el distrito de Calana, predio que, según sostienen, fue ocupado y posteriormente lotizado de manera ilegal.
Diana Ticona Pérez y su abogado, Edwin Delgado Morales, señalaron que el terreno pertenecía al padre de la denunciante, un adulto mayor de 90 años que contaba con título de propiedad inscrito en Registros Públicos. Según su versión, el predio fue ocupado por un grupo de personas y su propietario fue desalojado de su granja.
Luego de varios años de proceso, el Poder Judicial ordenó la restitución del predio. El lanzamiento se ejecutó de manera pacífica el martes 8 de septiembre. Sin embargo, la familia asegura que después del desalojo comenzaron nuevas amenazas. Según denunciaron, la ciudadana Antonia Apaza Charca permanece en los alrededores del terreno, mientras un grupo de personas se habría instalado en un predio vecino desde donde, afirman, se producen actos de amedrentamiento.
«Si cualquier cosa nos sucede a mi persona, al abogado y a mis hermanos Santiago Ticona, Richard Ticona y Carmen Ticona, esto va a ser responsabilidad de la señora Antonia Apaza Charca y al señor Juan Valdéz Nina (vecino del predio), porque son estas dos personas quienes sin ningún miramiento, sin ninguna remordimiento de habernos hecho sufrir tanto, ellos nos están amenazando y ellos están trayendo personas de mal vivir y no nos dejan vivir tranquilos«, expresó Diana Ticona.
Según la denunciante, los sindicados habrían intentado prender fuego a una choza provisional instalada en el terreno recuperado. Por estos hechos, solicitó garantías personales.
La familia atribuye a Antonia Apaza Charca la ocupación del terreno y sostiene que se utilizaron documentos presuntamente falsificados para sustentar la posesión, entre estos —denunció— una supuesta constancia del Juzgado de Paz de Calana que no aparecería registrada en los libros de actas. También se habría utilizado un documento del Ministerio de Agricultura correspondiente originalmente a otra ciudadana y a un predio ubicado en La Yarada-Los Palos.
Asimismo, cuestionaron informes emitidos por funcionarios de la Municipalidad de Calana sobre supuestas construcciones en el terreno. La constancia de servicios básicos otorgada con base en dichos informes fue posteriormente anulada mediante una resolución de alcaldía. Además, por disposición judicial, se habrían remitido copias del expediente al Ministerio Público para investigar un presunto fraude procesal.
La familia Ticona también alertó sobre la presunta venta de lotes dentro del predio. Aseguraron que el terreno habría sido dividido y ofrecido a terceros, incluso a personas vinculadas a inmobiliarias que desconocerían la situación legal del inmueble. Ante ello, recomendaron a los posibles compradores verificar previamente la titularidad y situación registral de cualquier terreno en la plataforma de Sunarp antes de entregar dinero o firmar documentos.
Finalmente, solicitaron a la Policía Nacional y al Ministerio Público acelerar las investigaciones relacionadas con la presunta usurpación, falsificación de documentos y daños, además de disponer medidas de protección ante las amenazas que, según afirmaron, continúan.
