La abogada Marcela Urteaga, representante legal de comerciantes del Mercado Grau, cuestionó que la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) aprobara la versión final del contrato para ejecutar el proyecto del Mercado Mayorista y Minorista San Pedro en el Fundo Chololo y anunció que su defensa continuará con acciones legales para intentar frenar el proyecto.
Urteaga calificó como cuestionable la rapidez con la que se llevó adelante la aprobación del contrato y sostuvo que no existía necesidad de aprobar el documento con tanta premura, debido a que, según explicó, el procedimiento de Proyectos en Activos todavía contemplaba un plazo para concretar la firma, mientras que el Gobierno Regional había otorgado cinco días hábiles para que se presentaran los descargos dentro del procedimiento de revisión.
“¿Cuál era el apuro y la correteadera para ir a aprobar esta versión final del contrato si el Gobierno Regional solo pedía cinco días?”, cuestionó la letrada.
Como se recuerda, el viernes 25 en sesión extraordinaria el Concejo Provincial de Tacna encabezada por el alcalde Pascual Güisa aprobó el Dictamen N.° 035-2026, referido a la versión final del contrato bajo la modalidad de Proyectos en Activos, pese a que el Gobierno Regional de Tacna (GRT) inició un procedimiento de revisión de oficio para determinar la posible nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 115-2026, mediante la cual se levantó la carga de reversión del terreno.
Además, el GRT comunicó a la MPT que debía abstenerse de ejecutar o perfeccionar actos de disposición sobre el predio mientras se desarrolla dicho procedimiento. A ello se suma una exhortación de la Fiscalía Anticorrupción para que el alcalde Pascual Güisa y los regidores revisaran la documentación relacionada con el proyecto antes de adoptar una decisión sobre el contrato, pues el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades vinculadas al proyecto.
La representante legal también rechazó los argumentos de funcionarios municipales respecto a un supuesto respaldo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para descartar una eventual reversión del terreno. Según Urteaga, la SBN establece lineamientos y criterios sobre bienes estatales, pero no emitió un pronunciamiento que determine específicamente la legalidad del procedimiento seguido por la MPT.
Asimismo, cuestionó que la comuna haya considerado suficiente la inscripción del proyecto en Invierte.pe para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas al momento de la transferencia del predio. El GRT, en su procedimiento de revisión, también ha puesto bajo análisis este punto. Según el informe legal que sustenta la revisión, la MPT no habría acreditado oportunamente la presentación del expediente completo del proyecto dentro del plazo establecido, mientras que la sola viabilidad registrada en Invierte.pe fue considerada insuficiente para acreditar dicho cumplimiento.
Tras la aprobación de la versión final del contrato, Urteaga anunció que el equipo legal que representa a los comerciantes continuará recurriendo al Ministerio Público y al Poder Judicial para cuestionar los actos relacionados con el Fundo Chololo.
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