El jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edward Vargas Valderrama, señaló que la institución viene interviniendo desde marzo ante la problemática del transporte urbano y cuestionó la respuesta tardía de las autoridades frente al conflicto generado por el incremento de pasajes y las denuncias de maltrato a usuarios.
Vargas explicó que la Defensoría ha remitido documentos a la Municipalidad Provincial de Tacna, Indecopi, Policía y Ministerio Público para conocer las acciones adoptadas. Sostuvo que la salida debe pasar por una mesa técnica de diálogo, en la que se analicen las estructuras de costos de las empresas de transporte y participen las instituciones involucradas.
Respecto a las denuncias de pasajeros, indicó que existen dos vías. En el ámbito administrativo, el ciudadano puede presentar una queja ante la Municipalidad consignando sus datos, la placa de la unidad, horario y descripción de los hechos. También señaló que se viene coordinando la difusión del mecanismo virtual para facilitar este procedimiento. Cuando los hechos puedan constituir delito, corresponde recurrir al Ministerio Público. Según informó, la Fiscalía de Derechos Humanos ya estaría interviniendo en casos relacionados con presuntos abusos.
El funcionario también planteó fortalecer la denominada “cultura de la queja”, debido a que muchas personas expresan sus reclamos públicamente, pero no culminan el procedimiento formal. Añadió que cada unidad debería contar con un libro de reclamaciones y que, cuando corresponda, los usuarios pueden recurrir a Indecopi.
Sobre el conflicto por las tarifas, Vargas remarcó que ni la Defensoría ni Indecopi fijan el precio del pasaje, pero consideró necesario que exista una evaluación técnica de los costos del servicio. También mencionó como alternativa a evaluar la posibilidad de habilitar nuevos servicios de transporte, siempre dentro del marco legal.
Finalmente, informó que este jueves se desarrollará una nueva reunión con autoridades y representantes vinculados al conflicto. Insistió en que las decisiones no deben adoptarse unilateralmente y propuso que la Municipalidad establezca una mesa técnica permanente mediante una ordenanza, de modo que el tratamiento del transporte urbano continúe independientemente de quién ejerza posteriormente la alcaldía.
