En Tacna, casi todos los terrenos cercanos a la zona urbana están ocupados o invadidos, son pocos los espacios libres. Durante la gestión del gobernador Luis Torres Robledo, el Gobierno Regional de Tacna (GRT) recibió varios pedidos de compraventa de tierras. Uno de ellos lo presentó Luis Ángel Corro Hojo, en representación de la Asociación de Vivienda Casa Huerta «La Portada del Sol – Magollo” con mira a más de 117 hectáreas destinada en teoría a la crianza de pollos.
Radio Uno evidenció en el trámite una celeridad inusitada y una proactividad como pocas veces se ve en la administración pública. Todo empieza el 2 de setiembre de 2025 cuando la asociación Portada del Sol solicita la compra directa de un terreno para criar animales menores y pollos de engorde. El documento no precisa cuántas hectáreas pide. Lo que sí señala es que busca una venta directa, sin concurso, alegando que se trata de un proyecto de interés regional.
El 30 de setiembre, el pedido llega al entonces gerente de Desarrollo Económico, Ricardo Bartesaghi. Y el 2 de octubre, Bartesaghi le pide al abogado Jonás Ayma Mamani, jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles (OEABI), la oficina que administra las tierras del Estado en la región, que se pronuncie sobre la disponibilidad del terreno.
Esa oficina encarga la verificación de libre disponibilidad a un equipo técnico: la Brigada N° 03. Y ese equipo formula la primera observación. Los documentos presentados por Luis Ángel Corro no incluían el plano de localización ni la personería jurídica vigente. Aquí surge el primer indicio de irregularidad. El presidente de la asociación responde con una vigencia de poder cuyas facultades recién se iniciaron el 25 de setiembre. Es decir, 23 días después de haber solicitado la venta del terreno.
Y esto se corrobora con el acta de fundación, que señala: «De fecha 25 de setiembre del 2025, se acordó por unanimidad de los asistentes constituir una asociación, la misma que se denomina: Asociación de Vivienda Casa Huerta La Portada del Sol Magollo». Dicho de otro modo: la asociación pidió el terreno antes de existir. Además, en una carta dirigida al gobernador Luis Ramón Torres Robledo, la asociación amplía el terreno que pide, de 102.8 pasa a 117.8 hectáreas. Según Luis Ángel Corro —quien conversó con Radio Uno—, lo ampliaron “porque había espacio en blanco”.
A fines de octubre, la Brigada 03 determina que, para seguir evaluando el pedido, necesita consultar a otras entidades del Estado: la Procuraduría Regional, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Municipalidad Provincial de Tacna, entre otras. Las tres respuestas resultaron decisivas.
La Procuraduría Regional informó el 30 de octubre que no tenía acceso a la base de datos gráficos digitales para geolocalizar el terreno con exactitud y pidió mayores datos técnicos para una revisión más precisa. Al respecto, se pudo conocer que OEABI nunca habría enviado esos datos adicionales.
La Dirección Regional de Energía y Minas fue más concreta al informar que el terreno se sobrepone parcialmente a una concesión minera no metálica llamada «Río Azul», vigente desde 2010. Y el 12 de diciembre llegó la tercera respuesta. La Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) informó que el terreno está calificado como zona de recreación pública, de otros usos y de reglamentación especial. En palabras simples: la zonificación no era compatible con el proyecto que la asociación quería instalar ahí.
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Con esas tres respuestas sobre la mesa, la Brigada 03 concluye que no es factible determinar la libre disponibilidad del terreno. Esta conclusión quedó plasmada en el Informe N° 293, el 22 de diciembre de 2025, a las cuatro y treinta y nueve de la tarde. El mismo 22 de diciembre, el jefe de la oficina les exige, con carácter de urgencia, la devolución de todo el expediente, y eso lo solicita mediante el memorial N° 17-2025.
Una copia de ese informe (N° 293) fue solicitado por Radio Uno —amparados en la Ley de Acceso a la Información—, pero el jefe de la oficina (que para entonces ya se llamaba Oficina de Gestión de Predios Estatales) respondió por escrito que el Informe N° 293 «no fue emitido, razón por la cual no forma parte del acervo documentario de esta oficina».
Pero el Informe N° 294, del 24 de diciembre de 2025 dice exactamente lo contrario. Ahí, los integrantes de la Brigada 03 afirman que el contenido del Informe N° 293 fue reemplazado por un: «estado situacional a cargo de la Brigada 03». Y añaden que ese cambio lo pidió el propio jefe de la oficina. Los técnicos, al parecer advirtiendo alguna irregularidad, dejaron constancia por escrito: «La Brigada 03 deslinda cualquier responsabilidad al respecto sobre dicho expediente administrativo». Y en ese mismo informe N° 294 adjuntaron capturas del sistema interno, donde figuran los informes que la oficina asegura que nunca se emitieron. Incluido el N° 293.
Ese mismo 24 de diciembre, una nueva brigada, la 08, le recomienda al jefe de OEABI consultar a la MPT sobre el nuevo Plan de Desarrollo Urbano (PDU). En el día, el jefe envía el oficio al alcalde provincial pidiendo esa opinión. Al parecer ni las vísperas de Navidad detuvieron la celeridad de esta oficina.
La MPT respondió el 6 de febrero de 2026 que no podía emitir opinión, porque el nuevo PDU todavía estaba en formulación. Ante esa negativa, la Brigada 08 cambia de estrategia. El 10 de febrero recomienda presentar otra solicitud a la MPT, pero esta vez pidiendo cambiar la zonificación del terreno. De zona de recreación pública, a zona agrícola. Ese mismo 10 de febrero, el jefe de OEABI recibe la recomendación a las 9:15 a.m., y a las 12:46 del mediodía, la solicitud ya estaba ingresando a mesa de partes de la MPT. Pero ese pedido ya no hablaba de 117 hectáreas. Hablaba de más de 279 hectáreas.
Diez días después, el 20 de febrero, la MPT declaró procedente el cambio. Así, el GRT consiguió convertir una zona de recreación pública en zona agrícola, y con eso, despejar el obstáculo que impedía el proyecto. El jefe de la oficina, Jonás Ayma, no denegó la solicitud por incompatibilidad técnica y normativa, como había señalado la Brigada 03.
La MPT declaró procedente la modificación en apenas diez días, amparándose en la solicitud de un tercero identificado como Armando Bill Torres Apaza, quien en representación de Urbanización Terra Viva S.A.C. también había pedido el cambio de zonificación. Es decir, la solicitud del GRT pasó a acumularse a la de otra urbanización.
Cuatro días después de esa aprobación, el 24 de febrero de 2026, la Brigada 08 emite su informe final. Y concluye lo contrario de lo que había señalado la Brigada 03: «…el proyecto de inversión privada denominado crianza de animales menores: pollos de engorde en el sector de la Asociación de Vivienda Casa Huerta La Portada del Sol Magollo reúne las condiciones de libre disponibilidad«.
El 25 de febrero, el jefe de la oficina traslada esa opinión favorable al gerente regional de Desarrollo Económico, para continuar con el trámite de declaratoria de interés regional. Ahora bien, ¿Qué debió pasar según la norma? El Decreto Supremo 008-2021-VIVIENDA es claro: «En caso que parte del predio no sea de libre disponibilidad, se comunica al solicitante para que dentro del plazo de diez (10) días reformule su pedido y reduzca el área solicitada a fin de excluir el área superpuesta».
Es decir, tras el informe de la Brigada 03, se debió comunicar a la asociación que tenía diez días para reformular su pedido o reducir el área. Y la propia directiva del GRT es aún más específica: «En caso contrario, de ser improcedente, se comunicará al administrado la inadmisibilidad del expediente, la devolución y la finalización del trámite de su solicitud». Nada de eso ocurrió.
SOLO UNO DEL GRT DESLINDA
Para escuchar el descargo de los funcionarios involucrados, Radio Uno solicitó entrevistas en reiteradas oportunidades a la Oficina de Imagen Institucional, tanto de la gestión del gobernador Torres Robledo como de la actual. Las respuestas fueron negativas. Quien sí accedió a responder, en medio de actividades partidarias, fue al ingeniero Ricardo Bartesaghi, ex gerente de Desarrollo Económico, quien en todo momento trató de deslindar responsabilidad, pero hay algo que no puede negar: es la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la que declara un proyecto de interés regional, o simplemente lo rechaza.
«La Gerencia Regional de Desarrollo Económico que estuvo a mi cargo hasta el 4 de setiembre de este año no tiene nada que ver con el tema de los terrenos eso lo ve la oficina de OEABI. Lo que nosotros evaluamos es el tema de interés regional por un tema económico que puede ser avícola entre otros […]”, dijo.
Un expediente que avanzó contra el criterio de sus propios técnicos terminó en TERRENOS COMO PAN CALIENTE.
«Ahorita tengo avenidas, avenidas, esquinas, usted sabe son pan caliente que sale…», se escucha a una persona que se identifica como Jonatan Quenta, una suerte de intermediario entre la asociación y los interesados en incorporarse al proyecto, quien con insistencia busca concretar una reunión presencial para sumar a más personas al proyecto.
Destacar que, al momento de emitirse este reportaje, ese proyecto ni siquiera había sido declarado de interés regional. Al parecer, el informe de libre disponibilidad emitida por OEABI, les bastó para empezar a ofrecer los terrenos.
Radio Uno accedió a planos con que se ofrecerían las mejores ubicaciones. Y como dice el intermediario, todavía quedan avenidas y esquinas. Además, quedó en evidencia que el perfil del proyecto avícola que la asociación presentó al GRT contiene en sus anexos el mismo plano que contempla manzanas, lotes, calles y avenidas.
El presidente de la asociación estima que el proyecto alcanzaría para unos 500 socios, pero según el cuadro de manzanas y lotes que ellos mismos presentaron, el proyecto contempla 2 mil 714 lotes. Y según ese mismo perfil, cada galpón ocuparía 120 metros cuadrados, con capacidad para 480 pollos. La producción máxima llegaría a casi un millón trescientos mil pollos por campaña.
Según el acta de fundación, son solo 13 las personas que acordaron iniciar el trámite y elegir la primera directiva, encabezada por Luis Ángel Corro Hojo, con Lucio Facundo Marín Tácora como secretario de actas, quienes —según el portal público de registro de visitas— ambos dirigentes son visitantes frecuentes de las oficinas del GRT. En total, sumando a los dos dirigentes, dan un total de 31 reuniones. En ninguna se especifica el asunto tratado. Todas figuran, simplemente, como visitas personales. Y todas fueron a funcionarios que, en paralelo, decidían su expediente.
Hasta hoy, la venta no se ha concretado. El proyecto no ha sido declarado de interés regional, y el expediente sigue su curso en las mismas oficinas que lo tramitaron desde el principio. Pero mientras eso ocurre, hay un informe técnico que rechazó la operación y que la propia entidad asegura que nunca existió. Hay una zonificación que se cambió para un área más del doble de la solicitada. Hay 2 mil 714 lotes dibujados en un proyecto que se presentó como una granja de pollos. Y hay 31 visitas a los funcionarios que debían decidir el futuro de ese proyecto.
Ninguno de estos hechos, por sí solo, prueba un delito. Pero todos juntos configuran un trámite que el GRT no ha querido explicar. Son más de 117 hectáreas que pertenecen al Estado. Es decir, a todos los tacneños.
