El exministro del Interior Gino Costa cuestionó la creación de un nuevo comando unificado para enfrentar la delincuencia y sostuvo que la estrategia de seguridad debe centrarse en fortalecer la inteligencia de la Policía Nacional y el sistema de justicia.
En diálogo con Radio Uno, Costa señaló que disponer de fuerzas operativas y equipos adecuados no es negativo, pero advirtió que trasladar la conducción de la lucha contra el crimen al ámbito militar podría repetir estrategias que no dieron resultados en el pasado.
Costa sostuvo que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar conflictos bélicos y no para desarrollar investigaciones criminales, por lo que una intervención sin información de inteligencia puede generar riesgos para la población.
Como ejemplo, mencionó al Vraem, donde, pese a los años de estados de emergencia y presencia militar, persisten actividades vinculadas al narcotráfico y remanentes terroristas.
El exministro también alertó sobre el incremento de las denuncias por extorsión, que, según indicó, se habrían multiplicado por seis en los últimos cinco o seis años, mientras que las detenciones y condenas por este delito no han aumentado en la misma proporción.
A su criterio, el principal problema no es la falta de capacidad operativa, sino la ausencia de inteligencia policial para identificar a los integrantes, estructuras financieras y mandos de las organizaciones criminales.
Costa también expresó reparos ante la posibilidad de que el Gobierno busque replicar en el Perú el modelo de seguridad aplicado en El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele. El exministro cuestionó las detenciones masivas implementadas en ese país y sostuvo que una política de seguridad debe respetar las garantías del debido proceso y permitir que las acusaciones sean sustentadas con pruebas ante los tribunales.
Ante la demanda ciudadana de separar a malos elementos infiltrados en la Policía, planteó la reconstrucción de unidades de inteligencia y contrainteligencia con mecanismos que las protejan de la corrupción y les permitan investigar a las organizaciones criminales y a quienes operan dentro de las propias instituciones del Estado.
