El senador Jaime Quito cuestionó la delegación de facultades exigidas por el gobierno de Keiko Fujimori e indicó que «El Ejecutivo no requiere de facultades. Además, el Congreso no está en la obligación de entregar esas facultades, que son propias del Poder Legislativo».
“El fujimorismo está malacostumbrado a hacer lo que le da su regalada gana”, manifestó a la vez de advertir que, ante la falta de una mayoría propia en la Cámara de Diputados, el fujimorismo buscaría utilizar la delegación de facultades como una vía para impulsar medidas que no consiguieron respaldo en la instancia legislativa correspondiente.
Quito comparó el actual escenario político con anteriores periodos parlamentarios y acusó al fujimorismo de intentar ejercer influencia desde el Poder Ejecutivo ante las dificultades para conseguir respaldo en la Cámara de Diputados.
Según explicó, la estrategia consistiría en aprovechar cualquier modificación o autorización parcial aprobada en la Cámara Baja para promover posteriormente una interpretación favorable en el Senado.
Sostuvo que una mayoría integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular podría facilitar la reincorporación de más de 66 disposiciones que, según su denuncia, fueron descartadas durante el debate legislativo. También cuestionó las presiones políticas que, afirmó, se estarían ejerciendo sobre la Cámara de Diputados.
Para Quito, otorgar facultades sin límites podría beneficiar a determinados intereses económicos y empresariales. Así mencionó la posible eliminación de estudios de impacto ambiental para 63 proyectos mineros, el ingreso de embarcaciones a las primeras cinco millas marítimas reservadas a la pesca artesanal y la asignación de tierras y recursos hídricos a grandes empresas agroexportadoras.
En materia de orden interno, Quito afirmó que la lucha contra la delincuencia organizada estaría siendo utilizada como argumento para ampliar las facultades del Estado y restringir la protesta social.
En particular, expresó su preocupación por la eventual aplicación de la figura de “grupos hostiles” a ciudadanos y manifestantes que participen en protestas o bloqueos de carreteras. A su juicio, una interpretación amplia de esta figura podría facilitar la criminalización de la oposición social y debilitar las garantías ciudadanas.
Finalmente, Jaime Quito reafirmó su oposición a la delegación de facultades legislativas en los términos cuestionados y sostuvo que su posición responde a la defensa de la soberanía nacional, los recursos naturales y los derechos de la ciudadanía.
