Una serie de irregularidades administrativas y financieras en la Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET) y sus Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) fueron advertidas por el abogado César Pino Vargas, quien se desempeñó como asesor legal de la DRET durante la reciente gestión transitoria del profesor Javier Rómulo Quispe Cruz.
Según indicó, los resultados corresponden a inspecciones efectuadas por un equipo multidisciplinario en las sedes educativas de la región. Los hallazgos incluyen procesos disciplinarios paralizados, pagos duplicados, designaciones ilegales y deficiencias en el control del personal y los bienes públicos.
DRET
Así, detalló acerca de la Dirección Regional de Educación, que al 31 de diciembre de 2025 existían obligaciones devengadas pendientes de pago por aproximadamente S/ 520 mil, debido a la falta de conformidades de servicios o de documentos que acreditaran el ingreso de bienes al almacén.
No obstante, durante 2026 se habrían aprobado resoluciones directorales para autorizar pagos por alrededor de S/ 880 mil bajo conceptos relacionados. La diferencia de ambos montos representa —dijo— un desbalance aproximado de S/ 360 mil. Paralelamente, se habrían reportado limitaciones en el abastecimiento de insumos básicos y combustible para el funcionamiento de la sede regional.
En materia de recursos humanos, cuestionó dos designaciones efectuadas o restituidas durante la gestión del director regional Yuri Mejía. El primer caso corresponde a la jefatura de Recursos Humanos, a cargo de la abogada Carmen Toala, quien, según las observaciones presentadas, no reuniría los dos años de experiencia específica exigidos para el puesto y registraría entre cuatro y cinco meses de experiencia en funciones relacionadas.
El segundo cuestionamiento se refiere a la jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto, Modernización e Inversiones (UPPMI), asumida por un funcionario de apellido Julca Poma, quien presuntamente registraba una sanción vigente al momento de su designación.
UGELs
Respecto a la UGEL Tacna, que la dirección se encontraba a cargo, de manera encargada, del profesor Julio Tapia Calizaya. De acuerdo con la fiscalización realizada el 23 de septiembre, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPADD) mantenía 19 expedientes pendientes de resolución, algunos de ellos desde 2024.
Según los hallazgos reportados, entre los casos figuran docentes y directivos separados preventivamente de sus funciones que continuarían percibiendo sus remuneraciones, mientras las plazas son cubiertas por otros trabajadores contratados o designados para reemplazarlos. Esta situación habría generado pagos simultáneos con un perjuicio económico estimado en cerca de S/ 800 mil para el Estado, según las valorizaciones mencionadas durante la fiscalización.
Asimismo, cuestionó la designación de Óscar Villanueva Zavala como jefe de Administración en 2024, mediante una resolución atribuida a Tapia Calizaya. Según el abogado, el funcionario registraría antecedentes penales y una sentencia de inhabilitación vinculada a un caso de negociación incompatible, situación que deberá ser contrastada con la documentación correspondiente. También se formularon observaciones sobre el manejo de las reasignaciones docentes.
Durante la inspección, la comisión encontró vehículos institucionales fuera de servicio y cubiertos con mantas. En el mismo recinto se encontraba una camioneta blanca de placa Z8X-918, que habría sido incorporada bajo la modalidad de alquiler. Según Pino Vargas, la unidad desapareció de la cochera mientras se desarrollaba la diligencia, luego de que se tomaran registros fotográficos. Las consultas preliminares en registros públicos habrían identificado como propietarios del vehículo a Percy Hernán Gil Valdés y Rubí Dariela LoZa de Gil, quienes, según lo señalado, tendrían presuntos vínculos familiares con funcionarias del Gobierno Regional de Tacna.
La comisión también habría solicitado los contratos de arrendamiento del vehículo, sin obtener la documentación requerida durante la inspección. La verificación de la propiedad, las condiciones del alquiler y el uso de la unidad será necesaria para establecer si existieron irregularidades.
De igual forma, denunció autorización de viajes a Lima para el asesor legal Iván Liendo y la administradora de la entidad, ambos por vía aérea con boletos y viáticos tramitados el mismo día, pese a que las directivas de austeridad contemplarían el transporte terrestre como regla general, salvo excepciones justificadas. El desplazamiento habría tenido como propósito realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas por una supuesta deuda judicializada de S/ 9 millones con EsSalud. Sin embargo, una administración regional anterior ya había denegado una autorización relacionada con ese trámite por considerar que carecía de sustento legal suficiente.
Las supervisiones realizadas el 16 de septiembre en las UGEL de Jorge Basadre, Candarave y Tarata también habrían identificado deficiencias en el control del personal y la administración de recursos públicos.
En la UGEL Jorge Basadre, el equipo fiscalizador advirtió presuntas fallas en el control del reloj marcador, con registros de ingreso y salida de trabajadores que no contarían con una fiscalización adecuada.
En la UGEL Candarave, se reportó que dos especialistas marcaron su ingreso durante la mañana, pero posteriormente se habrían ausentado de sus puestos de trabajo. Además, se consignaron reportes sobre un presunto estado de ebriedad y justificaciones que, según la comisión, no se encontrarían debidamente sustentadas.
En la UGEL Tarata, las observaciones comprendieron el presunto uso irregular de una camioneta institucional, que habría sido trasladada a Tacna por terceros no autorizados ante la ausencia de un chofer oficial. También se cuestionó la falta de transparencia en el manejo de la caja chica y la autorización de 20 horas semanales de permiso permanente a una trabajadora de servicio que ejerce como regidora municipal, sin que se hubiera presentado, según lo reportado, una justificación formal suficiente.
Pino Vargas finalizó indicando que las actas y los documentos obtenidos durante las supervisiones fueron remitidos a la Gerencia Regional de Control Interno, a la Procuraduría Pública Anticorrupción y al Ministerio de Educación. Asimismo, se anunció que la documentación sería puesta en conocimiento de instancias parlamentarias para su seguimiento.
