El asesor técnico de la sociedad civil, Vladimir Figueroa, cuestionó la demora de la Municipalidad Provincial de Tacna para adoptar medidas frente a los problemas del transporte público y señaló que los dirigentes evalúan convocar a una nueva movilización en rechazo al incremento de tarifas y las deficiencias del servicio.
Durante una entrevista con Radio Uno, Figueroa explicó que existen dos aspectos que deben diferenciarse. Por un lado, la presunta concertación de precios entre empresas de transporte, cuya investigación corresponde al Indecopi; y, por otro, la operatividad del servicio, los horarios, frecuencias, rutas y atención a los pasajeros, aspectos que corresponden a la municipalidad.
El asesor indicó que, según la información que maneja la sociedad civil, existen 33 rutas, 80 empresas autorizadas y 1,146 vehículos habilitados para prestar el servicio. Sostuvo además que varias empresas estarían incurriendo en abandono del servicio al retirar sus unidades alrededor de las 7:00 u 8:00 de la noche, pese a que la prestación autorizada contempla un horario de 5:30 de la mañana a 11:00 de la noche.
Figueroa afirmó que el abandono del servicio constituye una infracción y que, de acuerdo con la normativa municipal que citó durante la entrevista, una primera infracción podría generar una sanción económica equivalente al 50 % de una UIT, mientras que la reincidencia podría derivar en la cancelación de la autorización. Según señaló, hasta el momento se habría notificado a 44 de las 80 empresas y sancionado a seis conductores por maltrato a pasajeros.
Sobre la declaratoria de emergencia del transporte, explicó que se requieren principalmente un informe técnico y uno legal. El primero debe recoger información sobre la demanda y oferta del servicio, la existencia de saturación o carencias, el cumplimiento de rutas, frecuencias y horarios, además de las denuncias y actas de fiscalización. Sostuvo que esta declaratoria permitiría convocar provisionalmente a nuevos operadores para cubrir las rutas cuyos servicios hayan sido cancelados, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y legales.
El representante de la sociedad civil cuestionó que la municipalidad aún no haya entregado toda la información solicitada, como el número de unidades con autorización vigente, vehículos cuyo periodo de operatividad está vencido o próximo a vencer y las resoluciones relacionadas con procedimientos administrativos sancionadores. Indicó que la reunión prevista para este viernes se mantiene y que, si no reciben la documentación requerida, evaluarían acciones legales y nuevas medidas de protesta.
Respecto a la presunta concertación de precios, Figueroa señaló que la denuncia fue presentada ante Indecopi el 30 de septiembre y que están a la espera de una respuesta. Explicó que corresponde a los inspectores de dicha entidad realizar el trabajo de campo, recoger evidencias sobre las tarifas exhibidas por las unidades y remitir la información para la investigación correspondiente.
Finalmente, cuestionó la actuación de las autoridades y sostuvo que la sociedad civil continuará exigiendo que se apliquen las herramientas legales existentes para mejorar el servicio. Entre los reclamos mencionó el incumplimiento de horarios y rutas, el maltrato a pasajeros, la falta de respeto al medio pasaje universitario y las dificultades que enfrentan escolares, adultos mayores y personas con discapacidad.
