La familia del niño de seis años que resultó herido en el accidente de tránsito que involucra al gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, rechazó la propuesta de reparación civil presentada por la defensa de la autoridad y exige una indemnización que cubra los gastos médicos.
El abogado de la familia, Alex Choquecahua, manifestó que el monto propuesto no responde a las necesidades médicas del menor, quien requeriría varias cirugías reconstructivas y al menos ocho meses de rehabilitación.
Torres Robledo permanece detenido por un plazo de 48 horas, mientras la Fiscalía reúne elementos de convicción y evalúa las actuaciones correspondientes. De no alcanzarse un acuerdo satisfactorio, el Ministerio Público solicitará el inicio de un proceso inmediato ante la Unidad Judicial de Flagrancia, según lo informado por la defensa.
Según el abogado, los gastos médicos proyectados por la clínica ascienden inicialmente a unos S/ 38.000, cifra que podría incrementarse por las intervenciones quirúrgicas y el tratamiento que el niño necesitará durante los próximos meses. La defensa indicó que el menor requiere cirugías reconstructivas en el rostro, los labios y las piernas, además de un prolongado proceso de recuperación física.
Explicó que el reclamo indemnizatorio comprende daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño al proyecto de vida. Este último se sustenta en que las lesiones y la rehabilitación podrían impedir que el niño culmine el año escolar con normalidad.
La gravedad de las lesiones también afecta directamente a la familia. De acuerdo con Choquecahua, el niño no puede ponerse de pie ni acudir al baño por sus propios medios, por lo que necesita asistencia permanente. Ante esta situación, la madre tendría que dejar de trabajar durante aproximadamente un año para dedicarse al cuidado del menor, lo que supondría una afectación adicional a la economía familiar.
Frente a los cuestionamientos sobre las circunstancias en que el menor descendió del vehículo familiar, Choquecahua sostuvo que la responsabilidad principal recaería en el conductor de la camioneta. Según argumentó, el gobernador habría actuado con imprudencia al no conducir a la defensiva ni controlar adecuadamente la velocidad para evitar el impacto. Asimismo, descartó que el padre del niño tenga responsabilidad penal o civil en el accidente.
Por ahora, las partes no han alcanzado un acuerdo sobre la reparación civil, mientras la familia insiste en que la indemnización debe cubrir las necesidades médicas y las consecuencias personales y económicas que afrontará el menor.
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