Propuesta del poder ejecutivo en modificar el decreto legislativo N° 957 otorgará mayores plazos para las investigaciones del Ministerio Público y de la PNP.
Manuel Flores Chara, decano Colegio de Abogados de Tacna
Manuel Flores Chara decano del Colegio de Abogados de Tacna mencionó “la modificación del decreto legislativo N° 957 es adecuada porque el código teórico en la practica tiene algunas deficiencias en los plazos que son muy diminutos y la carga procesal es abultada y frente a esa carga los plazos deben extenderse”.
A su vez refirió “el sistema organizativo estructural del Ministerio Público debe tomarse en cuenta porque un fiscal no tiene mas que unos asistentes administrativos y en la actualidad hace la labor de un juez instructor y este anteriormente contaba con todo un equipo de trabajo, todo este sistema debe de corregirse y modificarse”.
Flores Chara también informó que existe demora en los procesos de investigación y en materia penal la propuesta del ejecutivo en modificar este decreto legislativo otorgará mayores plazos de investigación al Ministerio Público y a los efectivos policiales.
Por otro lado explicó la importancia de modificar que las partes comprometidas en la investigación de delitos menores puedan conciliar y llegar a soluciones antes que los procesos lleguen al Poder Judicial contribuyendo a reducir la carga procesal, es decir aplicando el principio de oportunidad, porque en la práctica no esta adecuadamente implementada por la falta de conocimiento.
Efectivamente existen circunstancias donde el fiscal debe convocar a la aplicación del principio de oportunidad, pero los litigantes no aceptan por la falta de capacitación que estos y los justiciales desconocen, pasando a juicio oral en casos que no tienen trascendencia.
Lo mejor es el consenso entre el imputado y el agraviado para no estar litigando en casos de delitos menores.
Por otro lado el decano del Colegio de Abogados de Tacna aseveró la importancia de contar con recursos tecnológico en los establecimientos penitenciarios y en las cortes de justicia del todo el país para evitar los traslados de los reclusos y evitar.
Además dio a conocer que se debe incluir sanciones administrativas para los abogados que impiden llevar a cabo las audiencias judiciales provocando la demora en los procesos, olvidando su responsabilidad ética al dejar de asistir a las audiencias.
