De acuerdo a Wilfredo Cutipa Ramos, personero legal del Movimiento Independiente «Fuerza Popular» el presidente del comité electoral se «escondió» en su vivienda en reiteradas ocasiones para no recibir la apelación con la que buscaban anular las elecciones del pasado 7 de octubre.
Walter Quispe, presidente del comité electoral de la Yarada, no habría recibido la apelación presentada por el Movimiento Independiente
En una carta dirigida al alcalde provincial de Tacna Fidel Carita Monroy el personero legal del Movimiento Independiente “Fuerza Popular”, Wilfredo Cutipa Ramos, asegura que el presidente del comité electoral de la Yarada Walter Quispe Barragán se negó a recibir el recurso de apelación que esperaban presentar para lograr la nulidad del proceso del 7 de octubre.
Cutipa Ramos sostiene que llevaron los documentos para pedir que la resolución Nro. 04-2012 sea revocada, pero el local del comité había dejado de funcionar desde el 12 de octubre, por lo que se dirigieron a la vivienda del presidente pero este lejos de atenderlos se habría escondido para no recibirlos “demostrando que no actuó de buena fe”, refiere.
Prueba de ello es que el 17 de octubre, un dia antes de ser negado en su vivienda según refiere el personero legal, fue encontrado en la vía costanera esperando un vehículo que lo trajera a la ciudad de Tacna. Cuando fue abordado para que recibiera el expediente dijo que ya había resuelto y que «el reglamento no dice nada sobre la apelación».
Por ello se dirigieron al municipio provincial para presentar el resurso y asi sea resuelto en segunda instancia tal como lo establece la ley.
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO
La presentación del recurso de apelación se fundamente en una serie de irregularidades que se habrían cometido antes del proceso.
Wilfredo Cutipa Ramos, personero legal del Movimiento Independiente “Fuerza Popular” señala que el comité electoral hizo un cobro indebido de S/.450 nuevos soles condicionado a la inscripción del candidato y en otros casos evitando su postulación al no contar con el monto exigido.
Refiere que este cobro no se encuentra establecido dentro del reglamento general de elecciones de autoridades de Municipalidades y Centros Poblados, pero aun así fue aprobado por unanimidad por el comité que en su momento alegó no contar con un presupuesto de parte de la comuna provincial.
El personero legal advierte que esta situación podría terminar con una denuncia penal ante el Ministerio Público debido a que –luego de cuestionarse el cobro- la opinión del comité electoral fue que solicitarán la devolución del dinero a la Municipalidad Provincial sindicándola como cómplice de dicha ilegalidad.
