La fiscalía de Chiclayo no formalizará acusación ni continuará las investigaciones contra el presidente regional de Cajamarca y otros dirigentes de la región por los delitos de apología a la rebelión y asociación ilícita para delinquir.
Líder del movimiento político Tierra y Libertad, Marco Arana.
La Primera Fiscalía Provincial Penal Coorporativa de Chiclayo decidió archivar la denuncia contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, el exsacerdote Marco Arana y los dirigentes Edy Benavides, Edilfonso Hernández, Mitón Sánchez y Wilfredo Saavedra que era acusados de cometer los delitos de apología a la rebelión y asociación ilícita para delinquir.
Se dispuso además no formalizar acusación ni continuar con la investigación contra Santos por lo ocurrido el 5 de junio del 2012, cuando se refirió al presidente Ollanta Humala en un mitin en protesta por el proyecto minero Conga.
En comunicación telefónica con RADIO UNO, Marco Arana señaló que era previsible que la denuncia fuera archivada puesto que no se configuró el delito de rebelión y se fraguaron pruebas con intencionalidad política para perjudicar a los líderes de Cajamarca y así favorecer al proyecto Yanacocha.
“Cuando hemos estado asistiendo en diversas ocasiones a la fiscalía de Chiclayo con grave daño de pérdida de tiempo y de recursos económicos, en algún momento incluso pude tener junto al fiscal que nos interrogaba, al procurador del Ministerio del Interior que era uno de los acusadores, en este caso haciéndole ver que la denuncia era totalmente maliciosa y tendenciosa. En principio porque no se había configurado el delito de rebelión tal cual la legislación peruana lo prevé (…) y cuando se produjo el mitin del 5 de junio me encontraba postrado en cama debido a una grave enfermedad respiratoria y sin embargo también había sido comprendido en la denuncia, es mas el Ministerio del Interior que había estado dirigiendo esta denuncia había adjuntado videos de otras fechas donde yo me encontraba, se lo hicimos conocer al fiscal: que había una búsqueda de fraguar pruebas”, dijo.
Calificó al gobierno de Ollanta Humala como el “socio mayor” de las mineras y lamentó que a través de sus ministros busque someter a las autoridades y lideres ambientales que no agachan la cabeza ante el poder económico.
“Todo indica que es política del gobierno central y del propio presidente de la república de que sus ministros tienen la orden de perseguir judicialmente y políticamente a los opositores al proyecto Conga debido a la alianza que se ha establecido entre este gobierno, la sociedad de minería concretamente Yanacocha. Y yo creo que lo que hay que saludar es que existen espacios, existen fiscales que no todos están vendidos ni sometidos al poder político y económico porque muchas veces de manera genérica se dice que la justicia está vendida y hay que decir claramente que en este caso hay una actuación independiente ajustada a la justicia”, agregó.
