El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, planteó hoy el establecimiento de la sumatoria de penas para los delincuentes de alta peligrosidad, tal como existe en otros países, como parte de la «agenda legal urgente» contra la delincuencia en el Perú.
Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza
Sostuvo que la medida daría “una gran tranquilidad” a la ciudadanía porque se tendría la certeza de que la sanción al delincuente reincidente será drástica, y permitirá analizar al detalle cada caso y justificar las buenas investigaciones en los casos de delincuencia común y crimen organizado.
“Imaginemos hacer toda una investigación, que es costosa, para luego tener en muy poco tiempo a las personas delinquiendo nuevamente en las calles. Creo que debe revisarse el Código Penal porque es muy condescendiente, benigno y la sociedad exige más rigor”, aseveró.
La acumulación de penas se aplica en países como México, Ecuador y Estados Unidos, donde un delincuente recibe una pena por cada delito cometido y las mismas se suman, pudiendo llegar a periodos de hasta 50 ó 60 años de cárcel efectiva.
Recalcó que en lo referido al sistema de las sanciones penales es necesario, entre otros aspectos, tener mayor drasticidad ante la reincidencia y habitualidad, así como más exigencias para la suspensión de la pena y reserva del fallo condenatorio.
Tras señalar que son poquísimos los casos de condenados que han adquirido un nuevo enfoque de vida y pueden insertarse en la sociedad, Mendoza detalló que en otros países se han incrementado las penas de cárcel para sancionar delitos graves.
“Ellos (otros países) han incrementado las penas privativas de libertad. Acá nos escandalizamos cuando se aplican 20 ó 25 años por un crimen horrendo, cuando en realidad en otro lugar aplican 50 años sin mayor problema», declaró al diario oficial El Peruano.
Aseguró que los jueces serán implacables al momento de juzgar, pero para ello –anotó- resulta necesario que el Congreso inicie con urgencia el debate de los proyectos presentados para modificar la actual legislación penal que resulta muy benevolente para estos casos.
Por ello, Mendoza Ramírez informó que insistió, a título personal, con este pedido, durante una reunión que sostuvo con el titular del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas.
“En cuanto al crimen organizado y a la seguridad ciudadana, netamente, es un tema de orden público en que deben participar todas las fuerzas de la sociedad; en una primera instancia, la Policía; luego, el Ministerio Público; y, en tercer lugar, el Poder Judicial”, refirió el magistrado.
Agregó que su posición al frente de ese poder del Estado apunta a que los jueces apliquen la mayor rigurosidad ante los asuntos penales o en delitos que afectan la tranquilidad pública, como pueden ser los llamados «marcas», es decir, delincuentes de alta peligrosidad.
“En eso somos y seremos muy enfáticos, al pedir a los jueces la mayor drasticidad en las sanciones”, refirió el presidente del Poder Judicial, en declaraciones al Diario Oficial El Peruano.
Indicó que para ello, además, se está fortaleciendo la Sala Penal Nacional responsable del juzgamiento de estos casos graves, mediante la mejora de su infraestructura y renovando su composición para que pueda estar representado por los jueces de todo el país, y no solo de Lima.
Consideró también que es “perfectamente viable” solicitar a los jueces mayor celeridad en las acciones de interdicción rápida ante los requerimientos, por ejemplo, de interceptación telefónica y de allanamiento de los miembros de bandas criminales.
“Estamos actuando con bastante prontitud (…) Somos los primeros interesados en que se realicen las investigaciones de la mejor calidad, porque el problema del Poder Judicial en el área penal es no recibir investigaciones con la suficiencia de pruebas que se requieren para sancionar”, dijo.
Mayor eficacia contra el crimen
Asimismo, Mendoza instó al Congreso a que debata el proyecto de ley integral sobre seguridad ciudadana, que recoge las experiencias de los jueces penales en su quehacer cotidiano y plantea importantes reformas normativas para enfrentar al crimen con más eficacia.
“Todo esto debe ser ajustado para que guarde la legalidad que corresponde, y permita a los jueces sancionar con rigurosidad los delitos de alta peligrosidad, a efectos de que se proteja más a la sociedad que al delincuente”, subrayó el titular del Poder Judicial.
Añadió que las referidas propuestas fueron trabajadas por jueces penales, es decir, son voces autorizadas porque conocen in situ estos temas, desde el punto de vista judicial.
