El jefe del Gabinete Juan Jiménez descartó cualquier posibilidad de interferencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales y adelantó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la grabación ilegal del diálogo sobre el caso Chavín de Huántar.
Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.
En conferencia de prensa, Jiménez Mayor subrayó que la reunión con los jueces César San Martín y Carmen Rojassi fue patrocinada por el Poder Judicial y recalcó que su único objetivo fue coordinar la defensa del Estado ante la Corte de San José.
«La reunión se realizó con el objeto de articular una defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) no tenía otro propósito de interferir en los más absoluto en la decisión del Poder Judicial sobre este caso», indicó.
Junto a los ministros de Defensa, Pedro Cateriano; y de Justicia, Daniel Figallo; Jiménez dijo que el objetivo de esa coordinación fue evitar que el Estado peruano sea sancionado en tribunales supranacionales por el caso Chavín de Huántar.
«Eso no es interferencia, es coordinación al más alto nivel en medio de un caso atípico en donde se discutía en sede interna y en sede internacional un caso particular para el Estado», enfatizó.
Recordó que los casos admitidos por la Corte de San José involucran a todo el Estado en su conjunto, por lo cual era necesario coordinar con el Poder Judicial a fin de garantizar una adecuada defensa del Estado
«Lo que pedimos al presidente del Poder Judicial y a la presidenta de la Sala fue que emitan un fallo sustentado y razonable que permita que la defensa del Estado peruano esté en las más altas circunstancias», apuntó.
Manipulación
Al abordar el contenido del audio, refirió que la grabación presentada en los medios está«absolutamente fuera de contexto» y añadió que ha sido objeto de una «manipulación grosera».
Además, resaltó que el encuentro no fue oculto, pues se llevó a cabo con total transparencia y con conocimiento de todas las partes.
«No fue una reunión clandestina, en un restaurante, ni en una suite de hotel; fue formal, pública dentro del Poder Judicial y así consta«, enfatizó.
Jiménez agregó que el Ministerio de Justicia tiene la atribución de coordinar con los poderes del Estado a fin de velar por una pronta y eficiente defensa ante organismos supranacionales.
«Lo que hice fue utilizar esas atribuciones para la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos», remarcó.
Tras la difusión de los audios, el alto representante del Ejecutivo consideró necesario reflexionar sobre el daño que este tipo de actos le hace al país.
Una de las consecuencias podría ser que se generen algunas «contingencias» en contra del Estado peruano en los tribunales internacionales.
«Esperamos que esto no genere contingencias al Estado, pero seguiremos defendiendo al país y a los comandos Chavín de Huántar (…) y dando instrucciones a los agentes y procuradores para que continúa la férrea defensa del Perú», agregó.
Lamentó, en ese marco, que quienes grabaron y difundieron el audio no hayan medido los efectos colaterales causados por hechos de esta naturaleza «que de alguna manera traiciona al Perú».
«Lamentamos profundamente a nombre del gobierno que existan personas que solo buscan con afán político y minusválido plantear una cuestión menor, subalterna frente a los intereses del Perú», concluyó.
