Un aproximado de 122 millones de soles se desviaron de los recursos de las Fuerzas Armadas para “comprar” a los denominados “diarios chicha” por orden del expresidente Alberto Fujimori, a fin de difamar a los opositores de su gobierno, informó el procurador adjunto anticorrupción, Joel Segura.
Precisó que estas partidas fueron extraídas principalmente del presupuesto del Ejército Peruano y de la Fuerza Aérea del Perú, para garantizar la ilegal tercera reelección de Alberto Fujimori en el 2000.
En conversación con la Agencia Andina, Segura explicó que Fujimori enfrentará un nuevo proceso penal por este hecho, luego de que la Cuarta Sala Penal Liquidadora decidió iniciarle juicio oral por el delito de peculado.
Señaló que este proceso debe realizarse en el penal de Barbadillo, ubicado en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en Ate Vitarte, donde Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por su responsabilidad en los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, y casos de corrupción.
Previamente, aseguró, deben ser habilitados los ambientes que empleará el Poder Judicial para desarrollar las audiencias.
Segura comentó que en este caso ya quedó establecido el mal uso de las partidas presupuestales del Estado en un proceso anterior seguido contra el exasesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, y los directores de los llamados “diarios chicha” que se beneficiaron con recursos públicos para lanzar campañas de desprestigio contra los opositores al régimen fujimorista.
De acuerdo al testimonio de varios testigos en ese juicio, entre ellos los mismos directores de estos diarios y la ex colaboradora de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, la decisión de “comprar” la línea editorial de los medios de comunicación tenía la anuencia del expresidente Fujimori, dijo.
“No queda duda de su participación, hay testimonios sólidos de cómo fue el manejo periodístico de la prensa chicha para su reelección. Fue él (Alberto Fujimori) quien se beneficio con esta práctica y fue uno de los artífices de esta maquinaria”, refirió.
El procurador adjunto indicó que si bien el tema de la salud de Alberto Fujimori fue manejado como parte de una estrategia durante su denegado pedido de indulto, sus últimas comunicaciones públicas desde su celda, evidencian que el exmandatario está en condiciones de enfrentar este proceso.
La procuraduria anticorrupción pidió que Fujimori pague una reparación civil de 200 millones de soles.
Cortesía: Andina
