Proyecto fue respaldado por 54 votos y hubo 28 abstenciones, de la bancada de Fuerza Popular. Oficialismo pidió pasar de inmediato a segunda votación pero esta recién se daría la próxima semana
La norma crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado, que estará a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia. (Foto: Internet)
El pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la llamada ‘muerte civil’ para los condenados por delitos de corrupción que, habiendo recobrado su libertad, no hayan cumplido con pagar la indemnización correspondiente al Estado.
El proyecto fue aprobado por 54 votos a favor y 28 abstenciones, de la bancada de Fuerza Popular. Pese a los pedidos del oficialismo para que se pase de inmediato a la segunda votación, esta recién se realizaría la próxima semana.
Según el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, los deudores por este concepto al Estado estarán impedidos de asumir cargos por elección popular, contratar con el Estado o trabajar en alguna dependencia pública, mientras no paguen su deuda.
La norma crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado, que estará a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
Eguren, de la bancada PPC-APP, lamentó que el fujimorismo no haya acompañado con su voto la aprobación del proyecto, en el marco de la lucha contra la corrupción en el país.
Las legisladoras fujimoristas Martha Chávez y Luz Salgado, pidieron que el proyecto pase a la Comisión de Constitución por considerar que se estaría violando derechos fundamentales, sin embargo la cuestión previa fue rechazada.
El legislador Manuel Dammert (AP-FA), en tanto, observó que el proyecto de ley estaría tomando en cuenta al pequeño deudor y no a los poderes económicos que están detrás de muchos intereses del Estado.
Por su parte, Mauricio Mulder (CP) y Javier Velásquez (CP), se mostraron a favor de la iniciativa, pero plantearon que se debe aplicar a todo tipo de delito contra la sociedad.
Mientras que Javier Bedoya (PPC-APP) recomendó un mayor estudio porque podría afectarse derechos constitucionales de rehabilitación del condenado.
(El Comercio)
