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Registro de deudores al estado es un paso para la inhabilitación perpetua de corruptos

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El Congresista Juan Pari Choquecota señaló que en la denominada »muerte civil» se ha avanzado con la aprobación del registro de los deudores al estado por casos de corrupción y terrorismo. Ahora solo falta discutir y aprobar la inhabilitación perpetua que impediría a los deudores ejercer cargos públicos pese a que hayan cancelado la deuda.

Juan Pari Choquecota, Congresista por Tacna. (Foto: Internet)

Como se sabe la iniciativa denominada ‘‘Muerte Civil’’ elaborada por el legislador Juan Pari, busca declarar “incapaces” a quienes se les haya impuesto el pago de la reparación civil y la indemnización por los daños causados, hasta que cancelen el último centavo que deben al país. El proyecto fue aprobado por 54 votos a favor y 28 abstenciones, de la bancada de Fuerza Popular. Ahora tras la aprobación del proyecto, el congresista busca que se de luz verde a la inhabilitación definitiva.

‘‘No solo es el pago de reparación civil, lo que se ha aprobado es el registro de deudores al estado. Ahora hay que debatir la situación de inhabilitación a la corrupción que se establecerá primero en la comisión de constitución para después discutirla en el pleno’’, dijo El Congresista Juan Pari Choquecota en comunicación telefónica con RADIO UNO.  

Y es que para el congresista Pari la aprobación del viernes es un paso para la inhabilitación del ejercicio de cargos públicos de los condenados por terrorismo y corrupción ya que -según Pari- no basta con cumplir una condena y pagar una reparación civil sino, quienes perjudicaron al estado no se vean beneficiados por el mismo, recibiendo sueldos que podrían ir para ciudadanos probos.

Durante la sesión del viernes, los mas temerosos a la aprobación del proyecto fueron las bancadas del Fujimorismo y aprismo, según señaló el legislador.   

‘‘Hubo fuerzas políticas como fujimoristas y apristas que trataron de impedir la aprobación inclusive trataron de ir a una segunda votación. El fujimorismo dijo que sería anticonsitucional, pero hay que recordar que muchos de ellos tienen estos problemas y adeudan grandes cantidades de dinero al estado. El Apra se opuso porque están con temores en relación a las investigaciones que se hacen a la gestión de Alan García, donde muchos se verán afectados’’, refirió.