Para el ex procurador anticorrupción Luis Delfín Bermejo Peralta la justicia debe hacer caer todo el peso de la ley contra los responsables del robo de combustible de la policía nacional del Perú que incurrieron en dicho delito hace más de 4 años atrás, tomando en cuenta las pruebas adjuntadas por su anterior gestión la cual inició las investigaciones del caso.
Luego de conocer que la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Tacna que preside la magistrada Jessica Bahamondes, a través de la resolución 084-08-MP-3ra FPM-T,dispusiera iniciar una acción penal contra 10 oficiales y 38 suboficiales de la Policía Nacional por los delitos de peculado, malversación de fondos y asociación ilícita para delinquir , tras haber realizado la distribución irregular de combustible destinado para abastecer las unidades de la Región Policial de Tacna; dijo que ya era tiempo que se hiciera efectivo este asunto que fuera puesto de manifiesto por la Procuraduría Anticorrupción en el 2006, tras un operativo conjunto efectuado en el grifo del óvalo Cuzco.
Señaló que durante el tiempo que estuvo al frente de la institución estatal , se encontró también robo de combustible en el grifo de Boca del Río y que al igual que en el grifo del óvalo Callao estuvo involucrado el ex jefe de la policía nacional coronel Edgard Izquierdo Vicente , quien junto a un grupo de subalternos incurría en delito atentatorio agravante al Estado Peruano y de la policía nacional.
"El tema era ahorrar el suministro de dotación de combustible diario o semanal, pasando posteriormente por el grifo a recoger lo sobrante en bidones pues cuando llegaba un vehículo de la policía nacional no se le echaba la dotación de combustible total, tal como correspondía. El combustible se trataba de ahorrar lo máximo a efectos que les vaya quedando el combustible para la repartija de dividendos luego de venderlos", indicó al punto de manifestar que luego de recibir la denuncia inició un arduo trabajo de investigación.
Bermejo Peralta refirió que su despacho llega a tener la información, tras recogerla de propia boca de algunos buenos efectivos policiales de rango menor, quienes apoyaron posteriormente con la entrega de las primeras pruebas fehacientes; protegiéndose con ello su identidad en todo momento a fin de que no se tome represalias con ellos por parte de los altos mandos castrenses coludidos en el hecho.
Posteriormente se acopió una serie de pruebas tras las diligencias efectuadas por la Procuraduría Anticorrupción tanto en las diferentes comisarías, como en la Sunat con el propósito de llegar a la verdad del asunto.
Asimismo, esta situación se puso de manifiesto en su momento a la Ministra de Justicia , al administrador anticorrupción y al presidente de la comisión de fiscalización del Congreso ; ejecutándose una divulgación interna administrativa además de copiar las pruebas contundentes que condujera a la Fiscalía Provincial sentar la denuncia correspondiente.
"Esperemos que se dé un debido proceso, que se escuche a ambas partes y con las pruebas que se adjunten se proceda a sancionar a los responsables", sentenció el ex procurador anticorrupción quien estuvo al frente de dicha investigación hasta el 31 de agosto del 2007, fecha en que dejó el cargo.
