Junto a la autoridad regional serán denunciados funcionarios del GRT. El abogado Santos Pablo Agama, dio a conocer que implicados en el desalojo producido el 15 de noviembre en la »Asociación Costanera» en la playa Canepa, no tenían amparo legal para ejecutar dicho acto.
Tito Chocano Olivera, Presidente Regional. (Foto: Difusión)
La «autoría mediata», el delito que llevó a Alberto Fujimori a la prisión, será el mismo delito por el cual el Presidente Regional de Tacna, Tito Chocano Olivera tendrá que afrontar una denuncia penal.
Y es que para el letrado Santos Pablo Agama la autoridad regional es uno de los mayores responsables del desalojo producido el 15 de noviembre en la ‘Asociación Costanera’ ubicada en la playa Canepa. Según -dijo- está figura jurídica define como responsable de un crimen a aquel que utiliza a otras personas como instrumento para llevarlo a cabo, es así que Chocano al ser la máxima autoridad fue la única persona con poder para disponer las órdenes y autorizaciones para que se ejecute el acto en mención. ‘‘Los funcionarios no se mueven solos se necesita del permiso de la cabeza’’, comentó.
Al igual que Chocano serán denunciados, la procuradora regional Abog. Maritza Rospigliosi, y la jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes e Inmuebles (Oeabi) del Gobierno Regional de Tacna, Margarita Monte Alegre Barrientos.
Según Agama el desalojo fue arbitrario ya que los agraviados están amparados bajo el Decreto Supremo 013-2012 el cual refiere que la construcción da derecho a posesión, ‘‘Entonces no necesariamente tiene que estar viviendo la persona ahí para demostrar que el terreno es suyo’’, agregó.
‘‘Hay un informe del mes de julio y del 12 de agosto, con ello probaremos que no existió ninguna norma para desalojar y mucho menos destruir. Ellos (GRT) se basan en algo jalado de los pelos como es decir las casas están abandonadas y no vive nadie por lo tanto se destruye. Existe el D.S 013-2012 de vivienda que ampara a los ocupantes’’, refirió.
Por otro lado señaló que solicitarán al fiscal a cargo de la investigación que la presencia de un perito grafotécnico, pues según dio a conocer Agama, los ocupantes poseen actas de posesión firmadas por el burgomaestre, pero éste no reconocería su rúbrica en los documentos. Al parecer de Agama ello con la intención de no verse implicado en el caso.
‘‘Aquí está comprometido el alcalde distrital de Sama, dice que las actas de posesión no las ha dado él pero también afirma que las firmas parecieran que fueran suyas. En materia penal es o no es, no hay el pareciera. Hemos presentado 20 actas de posesión solicitando al fiscala a cargo que sea un perito grafotécnico quien esclarezca el caso’’, manifestó.
