Informe final. Megacomisión aprobó una segunda acusación constitucional en su contra, esta vez por caso narcoindultos. Pastor y Fernández también serán acusados.
POR MAYORÍA. El Informe, aprobado por mayoría, refiere que el líder aprista infringió artículos 8 y 118 de la Constitución Política al conceder gracias presidenciales de forma
La situación política del ex presidente Alan García Pérez se complica, luego de que la Megacomisión aprobó ayer por mayoría recomendar una acusación constitucional en su contra al encontrar indicios de su participación en la concesión irregular de indultos y conmutaciones a sentenciados por narcotráfico durante su gobierno.
Con ello, el líder aprista suma dos acusaciones constitucionales, la de ayer, por el caso narcoindultos y la de Business Track, lo que podría conllevar a su inhabilitación política y así ser sacado de carrera en las próximas elecciones presidenciales del 2016. Esto, siempre y cuando el informe sea aprobado en la Subcomisión de Acusación Constitucional, en primera instancia, luego en la Comisión Permanente, y por último en el Pleno del Congreso, donde se necesitarían 87 votos a favor.
Sobre este tema algunas bancadas políticas ya habrían definido una posición al respecto. Tal es el caso de Gana Perú y Perú Posible, ambos suman 53 votos, y estarían dispuestos a respaldar los informes de la comisión investigadora. A ellos se sumarían los 18 votos de Acción Popular-Frente Amplio y Unión Regional. Solo estos cuatro grupos parlamentarios suman 71 votos.
Fuentes de Solidaridad Nacional informaron que su votación podría ser individual.
De esta manera, la aprobación de los informes y por tanto del futuro del líder aprista podría quedar en manos de los 7 miembros de PPC-APP.
APROBACIÓN DEl INFORME
En una maratónica sesión que duró más de seis horas, la comisión multipartidaria del Congreso aprobó las nueve conclusiones y cuatro recomendaciones del informe final sobre el caso narcoindultos.
Según la comisión, García infringió los artículos 8 y 118 de la Constitución Política del Perú al conceder de manera «desmedida» y no «excepcional» gracias presidenciales a internos que no cumplían con los requisitos.
En el primer artículo se establece que «el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas», mientras que el segundo señala que es potestad del presidente «conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria», asimismo debe «cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales», entre otros.
Además de ello, la Megacomisión infiere que, con la concesión masiva de gracias presidenciales, el líder aprista creó un «sistema judicial paralelo» que permitió la excarcelación de condenados por tráfico ilícito de drogas.
Como se recuerda, durante la gestión del líder aprista se otorgaron 5 mil 500 gracias presidenciales, por las cuales pudieron ser liberados 400 sentenciados por narcotráfico, pese a que la ley lo prohíbe.
Entre las pruebas que sustentan el informe, figuran documentos que contienen la firma de García, en los que escribió anotaciones cuestionando la recomendación de la Comisión de Indultos para disminuirle la pena a ciertos reclusos. En dichas misivas, el ex presidente pedía una mayor rebaja de años.
Otros indicios son las cartas enviadas desde Palacio de Gobierno a los penales, en donde García Pérez invitaba a los internos (sentenciados por delitos de narcotráfico) a solicitar indultos o conmutaciones.
Asimismo, se han considerado las visitas que hiciera el ex titular de la Comisión de Indultos, Miguel Facundo Chinguel, hoy preso por este caso, al entonces secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava.
Entre los parlamentarios que votaron a favor de la acusación contra García figuran los nacionalistas Sergio Tejada, Juan Pari y Cristóbal Llatas, a quienes se sumó la peruposibilista Carmen Omonte. El congresista Enrique Wong, de Solidaridad Nacional, votó en contra, mientras que los fujimoristas Héctor Becerril y Carlos Tubino se abstuvieron.
La situación de los ex ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández es similar a la del ex presidente. El informe también prevé recomendar acusarlos constitucionalmente por participar de una «organización criminal» que se gestó con la concesión de gracias presidenciales durante sus gestiones. Y solo en el caso del ex titular de la comisión, Facundo Chinguel, se recomendó una denuncia penal por el delito de asociación ilícita para delinquir.
GARCÍA: «MIS ENEMIGOS BUSCAN VETARME POLÍTICAMENTE»
Desde su cuenta de Twitter, el ex presidente Alan García cuestionó el informe de la Megacomisión y afirmó que carece de imparcialidad. Asimismo, sostuvo que el documento habría sido elaborado por la pareja presidencial, a quienes calificó de enemigos políticos.
«Es un dictamen emitido por cuatro enemigos políticos sin ninguna imparcialidad, que expresa el temor de quienes se saben derrotados popularmente y solo buscan obstaculizar al adversario formulando acusaciones sin fundamento jurídico o consecuencia real», escribió.
El líder aprista agregó que buscan «vetarme para que no compita electoralmente» y aseguró que se trata de una estrategia promovida desde Palacio.
ENFOQUE
Alan otra vez en manos del Congreso
Carlos Rivera
Abogado de IDL
La decisión de la Megacomisión de recomendar una acusación constitucional contra Alan García por la concesión irregular de indultos a sentenciados por narcotráfico, representa un inconveniente, tanto político como legal, para el ex jefe del Estado.
Nuevamente el ex Presidente estará en manos del Congreso de la República porque si este decide inhabilitarlo, la consecuencia práctica será que no podrá participar en las elecciones del 2016, que todos sabemos, que él ambiciona.
La implicancia legal es que García está en una posición de riesgo político, porque su suerte ya no dependerá de una carta o una acción de amparo, sino de la decisión política del Pleno del Parlamento.
Dependerá de la habilidad del Apra y de García para neutralizar lo que será una petición inminente al Pleno del Congreso. Pero también dependerá de la solvencia y fortaleza de las pruebas que presente la Megacomisión, para que se desvirtúe el argumento de García de que es víctima de persecusión.
(La República)
