La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, por amplia mayoría, el informe de la denuncia constitucional contra la congresista Tula Benites Vásquez (PAP), y designó a su par José Saldaña Tovar (NUPP) para que se encargue de acusarla ante el Pleno por presunta comisión de los delitos de peculado, colusión y falsedad genérica.
El informe, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recibió luz verde de 19 congresistas integrantes de los grupos parlamentarios Unión Por el Perú (UPP), Nacionalista (GPN), Unidad Nacional (UN) y de Alianza Parlamentaria (AP), a los que se sumaron los votos de los representantes del Partido Aprista Peruano (PAP), quienes lo hicieron con reservas respecto a la tipificación de los delitos de peculado y colusión.
Los únicos que se pronunciaron en contra fueron Martha Moyano Delgado y Rolando Reátegui Flores, ambos del Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF), según dijo la primera, porque no se ha tipificado los delitos ni existen pruebas irrefutables de que los hubiese cometido la denunciada.
La aprobación del informe ocupó 87 minutos de la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20. Se inició a las 12:33 del mediodía con la lectura del informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado lunes 11, que concluye con la recomendación de acusar a la congresista Benites por existir "indicios razonables" de la comisión de los tres delitos señalados.
Estos se refieren a los delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado y solución, y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, por haber autorizado la contratación del trabajador Juan Carlos Cuadros Noriega para su despacho congresal entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2006.
El informe fue ratificado en breve intervención del titular de la Subcomisión, José Saldaña, tras lo cual la congresista cuestionada y su abogado, Joseph Campos Torres, hicieron uso de su derecho a la defensa para cuestionar la tipificación de los delitos y demandar el rechazo del informe en todos sus extremos.
Según el letrado, el proceso contra su defendida se había llevado a cabo sin haberse respetado el derecho a la debida defensa ni observarse determinadas reglas, y por haberse aceptado pruebas no ofrecidas, admitidas ni actuadas.
En el breve debate posterior, intervinieron los congresistas del GPN Isaac Mekler Neiman, para proponer a la Comisión que desestimara el alegado del abogado, y Pedro Santos Carpio, para precisar que el caso había sido ampliamente debatido y sugerir que el informe fuese aprobado para resarcir al Estado de los daños ocasionados por la inconducta de Tula Benites.
El congresista José Vargas Fernández (PAP) cuestionó inicialmente el informe por basarse únicamente en una denuncia periodística, en el hecho de que el trabajador contratado no recogiera su fotocheck del Congreso y en un informe del área de seguridad, en el que se da cuenta que dicho empleado sólo ingresó a las instalaciones del Legislativo en dos oportunidades y en calidad de visitante. "Estos argumentos no tiene la contundencia que debe tener una denuncia constitucional", dijo.
Al final del debate, el mismo congresista propuso que el informe se votara "delito por delito", lo que fue rechazado por 16 de sus colegas, aunque contó con seis votos a favor de sus colegas del PAP y GPN.
Finalmente, tras un breve intercambio de pareceres, la Comisión aprobó designar a Saldaña Tovar como único integrante de la comisión que sustentará la denuncia contra Tula Benites ante la representación nacional, para que ésta adopte la decisión final sobre el caso.
