 Subprefecto Miguel Oyarzún Alvarado |
El Ministerio Público Chileno formalizó ayer la denuncia por el delito de violación sexual contra el subinspector policial Gustavo Donoso Muñoz (24), en agravio de la peruana Liz Ángeles Antezana (28), reclusa en las celdas del cuartel policial de Arica por tráfico de drogas.
Según lo relatado por la infortunada fémina, Donoso Muñoz, funcionario de la Brigada Antinarcóticos de Investigaciones de Arica, la obligó a tener sexo al interior de su celda el viernes pasado, enajenado por haber estado visualizando películas de contenido pornográfico.
Mientras custodiaba a Ángeles Antezana, el perturbado sujeto aprovechó la oportunidad de conversar con la víctima, ofreciéndole irregularmente la computadora institucional, para que enviara unos correos electrónicos a sus familiares. También la acompañó a los servicios higiénicos.
Una vez que la mujer regresó del baño, el policía comenzó a presionar a la detenida, señalándole que debía acceder a sus requerimientos, ya que le había entregado algunas facilidades que nunca se le otorgan a los imputados, señalándole a la imputada que ellos la podían "ayudar", pues ella arriesgaba una alta condena por su delito.
Fue así como la arrojó a un sofá-cama instalado afuera de la celda. Al tener reducida a la mujer, procedió a bajarle los pantalones y la penetró vaginalmente, consumando así la violación.
Fuentes reservadas revelaron al diario chileno Arica al Día, que los antecedentes expuestos por la institución habrían sido aportados por el mismo subinspector, el cual, en todo caso, señaló a sus superiores que el contacto sexual "habría sido con el consentimiento de la mujer". Este argumento habría resultado poco creíble e impresentable para sus superiores, ya que existen normas expresas que prohíben a los policías mantener relaciones afectivas o sexuales o efectuar concesiones o apremios ilegítimos a los detenidos.
La peruana fue formalizada el mediodía del viernes en el Juzgado de Garantía, por el tráfico de dos kilos de clorhidrato de cocaína. Ese mismo día quedó en prisión preventiva en la cárcel de Acha.
Antes de ingresar al penal, la imputada fue trasladada a la Unidad de Emergencias del Hospital Juan Noé, para que se le suministrasen la "píldora del día después" a fin de evitar un posible embarazo producto del ataque sexual del que fue víctima.
Pese a la prohibición del magistrado y tras culminar la audiencia judicial, fue la propia Policía de Investigaciones la que decidió transparentar el caso, a través de una conferencia de prensa que ofreció el jefe regional subrogante de la institución, subprefecto Miguel Oyarzún Alvarado. La autoridad policial confirmó que inició un sumario en contra del funcionario, para definir su expulsión a raíz del delito que se le imputó.
El subprefecto Oyarzún señaló que la grave situación imputada al funcionario "nos afecta a toda la familia de investigaciones, y desde que nos enteramos de la anómala situación, inmediatamente se dispuso un sumario para dilucidar los hechos. Y este caso es lamentable, pero esta institución de acuerdo a su doctrina y a su código de ética no ampara este tipo de situaciones, y este funcionario ya fue alejado de la institución y se está tramitando su baja", dijo el subprefecto.
Por otro lado, el juez de Garantía dejó en prisión preventiva al subinspector, pero en el cuartel policial, otorgando un plazo de 90 días para que la Fiscalía investigue el caso.
El nuevo magistrado fundamentó su decisión, pese a la oposición del fiscal Richard Toledo, en que había que garantizar la seguridad y reserva de la identidad del policía imputado y de su familia, por las labores propias del funcionario policial en contra del narcotráfico y debido a que la víctima estaba paralelamente vinculada a un caso de narcotráfico, cuyas redes podrían ejercer un acto de venganza hacia el policía.
