Los autores de la resolución judicial que cuestiona parte de la labor de la \”Megacomisión\” parlamentaria que investigó al anterior gobierno aprista podrían ser denunciados por prevaricato, advirtió hoy el congresista Juan Pari (GP), integrante de dicho grupo de trabajo.
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“Entre los fundamentos de la sentencia encontramos muchos elementos que pueden llevar a invalidarla”, indicó el legislador, en declaraciones a la Agencia Andina.
Pari dijo estar analizando el documento, encontrando hasta el momento que en algunos puntos del mismo se ha partido de supuestos.
“No puede plantearse una resolución diciendo ‘habría’. Una sentencia nace de hechos objetivos; no de suposiciones.”
De ser esto último exacto, “el juez estaría cayendo en un claro prevaricato”, afirmó el parlamentario.
De igual manera, Pari indicó que resulta cuestionable que en uno de los párrafos del documento la instancia judicial se refiera al expresidente Alan García -titular del pedido de recurso de amparo contra la ‘Megacomisión- como ‘nuestro patrocinado’.
“Todo eso preocupa, por lo que primero tendremos que aclarar la validez o no validez de esa sentencia, antes que la de los informes de la comisión investigadora”, acotó.
Las estimaciones y análisis correspondientes se verán completados una vez que se notifique oficialmente al Congreso la resolución emitida, dijo el parlamentario, quien reparó en que, hasta el momento, ello no ha ocurrido.
“Lo único que se conoce es un documento colgado en la página web del Poder Judicial, sin firmas”, manifestó.
La resolución judicial emitida a fines de marzo último y dada a conocer la semana pasada por la defensa de Alan García se dio en respuesta a una acción de amparo planteada por el expresidente para invalidar la segunda citación que se le hiciera para declarar ante la ‘Megacomisión”.
En el documento judicial se indica que quedará invalidado todo lo que haya hecho respecto al exmandatario el grupo investigador, a partir de la mencionada convocatoria.
Si bien se ha anunciado desde el Congreso la voluntad de apelar esta decisión, ello no ocurre aún porque no se ha notificado oficialmente a este poder del Estado respecto a su emisión.
Cortesía: Andina
