Luis Alberto Sologuren asegura que debió realizarse el proceso de consulta en las comunidades campesinas y afrodescendientes del Valle de Cinto antes de permitir que la empresa minera presente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de la concentradora.
Luis Alberto Sologuren, ex candidato a la Presidencia Regional de Tacna.
Para el ingeniero Luis Alberto Sologuren la audiencia pública que realizó Southern Perú el pasado 16 de abril carece de legalidad debido a que no se efectuó, previamente, el proceso de consulta previa a las comunidades campesinas ni afrodescendientes del Valle de Cinto
Señaló que días antes de la actividad de la empresa minera, que busca la licencia social para ampliar la concentradora de Toquepala, recibió un informe de la Dirección Regional de Cultura que acreditaba que en la región no se llevó adelante ninguna consulta.
“A la fecha no se ha realizado ningún acto y/o diálogo referido a la aplicación de la Ley de Consulta Previa y su reglamento en la región Tacna para el proyecto (de Southern Perú)”, dice parte del documento que aclara que la finalidad de la consulta previa es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecte directamente.
IRREGULARIDADES
Sologuren sostiene que intentó presentar el documento durante la audiencia pública pero quedó fuera del Coliseo Municipal, donde se realizaba el evento.
Asimismo pudo notar que junto a él varios pobladores de Locumba tampoco pudieron participar dejando entrever con ello que la transnacional llevó personas ajenas al lugar para copar el recinto deportivo que a las 8 de la mañana ya lucía abarrotado.
A ello se suma que el lugar elegido para la audiencia, Locumba en la provincia Jorge Basadre, no era el indicado por ley, pues debía haberse efectuado en el centro poblado ubicado en el área de influencia directa del proyecto minero o el más cercano a esta que sería Mirave o Pampa Sitana.
Es por eso que pedirá la intervención del Fiscal de la Nación para que cite al procurador del Ministerio de Energía y Minas y este responsa por las presuntas irregularidades que se habrían cometido así como la razón por la que no se concretó la consulta previa en la zona.
