Polémica. Consejero Vladimir Paz de la Barra precisa que cargos contra magistrados que firmaron a favor de Mateo Castañeda serán usurpación de funciones y prevaricato.
Los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura denunciaron ante la Fiscalía a los tres magistrados del TC que firmaron a favor del nombramiento de Castañeda.
Los desencuentros entre dos organismos de justicia a raíz de una sentencia que emitió uno de ellos no tienen cuándo acabar y mostrarían un panorama de crisis institucional en el país.
Incluso el congresista nacionalista Daniel Abugattás señaló que no es solo el fallo del Tribunal Constitucional que habría invadido funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que el Ministerio Público también estaría inmerso en esta crisis.
Lo cierto es que hoy el CNM formulará denuncia ante la Fiscalía contra los tres magistrados del TC que firmaron a favor del nombramiento de Castañeda, lo cual dejó sin efecto los nombramientos de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval.
Dicha resolución fue emitida por los magistrados Ernesto Álvarez, Gerardo Eto y Carlos Mesía. El fallo ordena además al Ministerio de Economía que habilite dos plazas presupuestales para reincorporar a Ávalos y a Miraval.
«Los magistrados del Tribunal Constitucional que fallaron esa resolución se han equivocado. Han incurrido en delito de usurpación de funciones, delito de prevaricato y han infringido la Constitución Política», ha advertido Vladimir Paz de la Barra.
Como se recuerda, esta denuncia se suma a otra que presentó el CNM ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los referidos magistrados y a un recurso de nulidad ante el TC para suspender la ejecución del fallo.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos hizo lo propio contra la polémica resolución y manifestó que seguirá en el cargo porque, de acuerdo a la Constitución, el único organismo que puede cancelar el nombramiento es el CNM.
Sin sustento
El consejero Vladimir Paz de la Barra calificó de «descabellado» el fallo del Tribunal Constitucional porque no fue suscrito por los seis integrantes del colegiado y también porque «va más allá de la pretensión» del demandante Mateo Castañeda.
En esa línea, dijo que los magistrados Mesía, Eto y Álvarez Miranda «abusaron de sus funciones».
Recordó que el ex fiscal Castañeda entabló una acción de amparo tras no ser nombrado fiscal supremo, pese a haber alcanzado el orden de mérito necesario para el cargo.
No obstante, señaló que una acción de amparo tiene un fin sustitutorio, es decir, anular el acto violatorio del derecho constitucional y reponer el derecho infringido.
En esa línea, indicó que lo que debía proceder en estos casos era que se vuelva a someter a votación del CNM y no anular las designaciones de las magistradas Zoraida Ávalos y Nora Miraval, como ordenó el Tribunal.
Según la cuestionada resolución, el no nombramiento de Castañeda como fiscal supremo dispuesto por el CNM no fue lo debidamente motivado.
Paz de la Barra indicó que pese a que votó a favor de Castañeda, no se alcanzó con los dos tercios del número legal de miembros, es decir, cinco votos.
Precisó que varios consejeros votaron en contra del abogado porque ya se conocía una sentencia del caso Business Track, que pedía investigar al abogado.
«Yo dije presunción de inocencia, que investigue el Ministerio Público, que se procese penalmente, y cuando haya sentencia firme votaré en contra», manifestó Paz de la Barra.
Descarta politización
Sobre la acusación de que detrás del enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura estaría el Apra, el congresista Javier Velásquez Quesquén descartó dicha vinculación.
«Esa es una acusación de nuestros adversarios políticos. Hay que dejar que los organismos de justicia resuelvan con los recursos que brinda la Constitución sus cuestionamientos», dijo Velásquez.
El legislador descartó que exista una crisis de los organismos de justicia producto del fallo emitido por el TC.
«Yo lo veo más como un reacomodo de las instituciones autónomas en el marco de la Constitución», expresó.
Sobre Mateo Castañeda, negó alguna vinculación con el partido aprista. «Él archivó una investigación contra Nadine y nosotros no lo acusamos de ser nacionalista», añadió.
Para Abugattás, Congreso puede fiscalizar al TC
El congresista oficialista Daniel Abugattás afirmó que el Congreso sí tiene facultades para fiscalizar a los magistrados del Tribunal Constitucional cuando estos incurren en acciones contrarias a la Constitución.»Los fallos del TC sí son apelables, pues si no ¿qué ocurre cuando una sentencia del TC viola varias leyes orgánicas y cinco artículos de la Constitución? Eventualmente lo que podría ocurrir es que se nombre una comisión fiscalizadora en el Congreso», dijo Abugattás.
Descartó que este anuncio signifique un golpe del Congreso. «Se está contrariando las leyes orgánicas de las principales instituciones en el país», comentó sobre el fallo del TC.
Por otro lado, recordó que Mateo Castañeda fue investigado por homicidio culposo en 1989. «No sé qué habrá pasado con esa denuncia», agregó.
Fuente: Larepublica.pe
