La creciente ola de represión policial contra manifestaciones ciudadanas pacíficas en las últimas semanas es motivo de gran preocupación para la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, pues expresa una vocación autoritaria e intolerable del gobierno y una violación de las libertades de expresión y manifestación pacífica, que son derechos fundamentales de una democracia y del Estado de Derecho.
La preocupación es mayor pues estas acciones de violencia policial que impiden a los ciudadanos y ciudadanas manifestarse pacíficamente amenazan convertirse en algo sistemático al amparo de la vigencia de los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989, que criminalizan las protestas sociales, y que incluso ya han producido la muerte de ciudadanos como ocurrió con el reciente paro nacional agrario.
Hay que recordar que el pasado martes 26 de febrero un grupo de manifestantes y activistas de derechos humanos fueron impedidos por decenas de efectivos de la Policía Nacional de realizar un velatorio simbólico y pacífico con el que expresaban su solidaridad y exigencia de justicia por la muerte de los cuatro agricultores durante el paro agrario. En aquella oportunidad la policía y sus carros portatropas rodeó a los manifestantes en una plazuela y les impidió avanzar.
Una situación parecida se vivió ayer martes, 4 de marzo, en horas de la tarde, cuando un grupo de artistas fue duramente reprimido e impedido de realizar un plantón poético con el cual exigían la libertad de la poetisa Melissa Patiño Hinostroza, acusada sin mayores fundamentos del delito de terrorismo y detenida en la DIRCOTE. Conocidos intelectuales y artistas presentes en esta manifestación de solidaridad, como el escultor Víctor Delfín, fueron maltratados por los efectivos policiales.
Al respecto, el reconocido artista nacional e internacional, ha señalado que "la represión se ha endurecido y es cada vez más fuerte, y llama la atención que en un gobierno democrático se esté reprimiendo los derechos de los ciudadanos a la manifestación pacífica. ¡Ahora nos tiran agua y mañana serán balas!! Ellos son los violentos, no, nosotros", expresó con indignación Delfín.
APRODEH, recalca que estos acontecimientos vulneran derechos fundamentales que en todo régimen democrático debe ser respetados como el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia, la libertad de manifestarse de manera pública, libre y a no ser perseguidos por las ideas y creencias, derechos amparados en la el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Otros derechos afectados son el de reunirse pacíficamente sin armas en lugares abiertos públicos sin requerir aviso previo, los mismos que sólo pueden ser prohibidos por razones de seguridad o sanidad pública, derecho amparado en el artículo 2, inciso 12 de la Constitución Política; todos ellos, reconocidos además en pactos y convenios internacionales que el Perú está obligado respetar y cumplir.
Todos estos hechos no hacen sino dar mayor sustento y razón a las organizaciones sociales que conjuntamente con APRODEH vienen preparando una acción de inconstitucionalidad para que los cuestionados cuatro decretos legislativos sean derogados del ordenamiento jurídico, la misma que ha sido apoyada por las firmas de casi 7 mil ciudadanos de todo el país.