La Policía Nacional y la Fuerzas Armadas velarán por el correcto desarrollo del proceso electoral.
Se coordinó con las Fuerzas Armadas para prevenir actos de violencia.
A pocas horas de realizarse la segunda elección regional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que el Código Penal, en su artículo 354, establece pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años para quien, con violencia, perturbe o impida que se desarrollen los comicios.
El organismo electoral indicó que ha realizado las coordinaciones necesarias con la Policía Nacional y la Fuerzas Armadas para prevenir los actos de violencia perpetrados en los comicios del 5 de octubre pasado en algunos distritos del país.
La ONPE recordó que el artículo 359 del mismo código castiga con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral falsifica o destruye, de cualquier modo, en todo o en parte actas de escrutinio.
Mientras que el artículo 365 reprime con pena privativa de libertad no mayor de 2 años a quien, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de éstas.
Durante las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre, se registraron más de 200 incidentes que califican como presuntos delitos contra la voluntad popular, bajo la modalidad de atentado contra el derecho al sufragio, suplantación de votantes, sustracción y destrucción de material electoral y disturbios.
Para impedir que los actos de violencia perpetrados en aquella jornada electoral queden impunes y, sobre todo, no vuelvan a repetirse en la segunda elección regional, la Procuraduría del organismo electoral interpuso, hasta la segunda semana de noviembre, 83 denuncias penales contra los que resulten responsables de los presuntos delitos contra la voluntad popular, cometidos durante dichos comicios.
Las denuncias penales fueron presentadas en las fiscalías provinciales de 21 regiones: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad y Lambayeque. También en Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
De todas estas circunscripciones, la mayor cantidad de denuncias fueron formuladas en Lima (13), Loreto (10), Huánuco (9), San Martín (7), Piura (6) y La Libertad (5). Con cuatro denuncias aparecen las regiones Cusco, Ancash y Amazonas, respectivamente; y las otras restantes corresponden a las demás regiones.
Para prevenir que se repitan estos hechos, la ONPE ha realizado coordinaciones con las fuerzas de seguridad a fin de brindar las medidas de seguridad necesaria a los centros de votación y a los locales de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE).
