Una millonaria y sistemática estafa fue descubierta por el parlamentario tacneño Juvenal Ordóñez. Según indagaciones de su despacho congresal, cerca de 5 mil vehículos usados sufrieron una adulteración en su kilometraje, para que de esta manera puedan pasar la barrera impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es 80 mil kilómetros recorridos.
La denuncia ha sido presentada a la Fiscalía de la Nación por el legislador, acompañada de trescientos cincuenta pruebas, en las que se registran casos que datan desde fines del 2006, época en la que comenzó a regir el D.S. 042-2006/MTC.
Todo apunta a que estarían coludidos funcionarios de Aduanas, tres empresas supervisoras, un almacén aduanero e inclusive los importadores. La manipulación se habría producido en los Odómetros y en los documentos donde se indica el kilometraje con el que llegan desde Japón.
De esta manera los vehículos con más recorrido que 80 mil kilómetros (hasta más de 150 mil kilómetros) eran incluidos en el documento Revisa 1.
Ordóñez sostiene que la adulteración se habría producido fundamentalmente en almacenes aduaneros de Ilo y Matarani, pero no descarta la posibilidad que también se haya procedido de esta manera en Tacna.
Sin embargo hay pruebas suficientes que indican que las alteraciones se efectuaon desde antes que los automóviles toquen suelo peruano, al momento de la Tarja, operación llevada a cabo por Aduanas.
La acusación de Ordóñez Salazar fue presentada ayer por la tarde ante la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, a quien además le solicitó la designación de un fiscal ad hoc para que proceda a investigar y denunciar a los responsables de los delitos.
"Se trata de una denuncia para salvaguardar la vigencia del sistema de Zofra, tratando de extirpar la corrupción, que se ha extendido en gente de aduana, las empresas verificadoras a las cuales le estado les paga para que eviten este tipo de estafas y manipulación y los importadores", expresó el parlamentario en diálogo con Radio Uno.
Asimismo, endilgó cierta responsabilidad política del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puesto que al momento de la emisión del decreto la titular Verónica Zavala, se "entercó" en no dejar en claro ítems que eviten la adulteración de los odómetros.
Las empresas que estarían comprometidas, según consignan las pruebas presentadas a la Fiscal Echaíz son las supervisoras EFE Automotriz, Cotecnia y FAMOTSA, el almacén aduanero Neptunia (Matarani) y los importadores Dai Chi Motors, Autokraft Perú y CQ Motors.
