Para el exconsejero Rafael Vargas, el informe de Contraloría que destapó una serie de irregularidades sobre el estudio de Yarascay es prueba más que suficiente para la nulidad del contrato entre el PET y el Consorcio a cargo.
Ex consejero, Rafael Vargas.
Al haber hallado la Contraloría General de la República, documentos adulterados e identificado la falsedad de firma en los estudios de factibilidad de la represa Yarascay, es razón más que suficiente para que el Proyecto Especial Tacna anule el contrato entablado con el Consorcio Yarascay, ‘‘transgrede la ley y es causal de nulidad’’, aseveró el exconsejero, Rafael Vargas.
Expresó que el Gobernador Regional, Omar Jiménez, no puede colocar en tela de juicio el informe de la Contraloría.
‘‘No creo que la Contraloría haya fraguado información. Preocupa mucho que le reste merito a lo informado por la Contraloría’’, expresó.
Para Vargas una solución práctica para corroborar las irregularidades sería que el Gobierno Regional envié a funcionarios del PET a buscar al profesional que indicó a la Contraloría que la firma en el estudio de factibilidad no era suya y que usaron su nombre para ello.
‘‘Que ubiquen a este caballero y notifique notarialmente lo que dijo a la Contraloría’’, acotó.
