Aseguró que su rotunda victoria en las elecciones internas se debió a la simpatía con la que cuenta entre la población y no a una presunta compra de votos. Junto a esta denuncia, a Melgar se le viene encima un pedido de nulidad de comicios presentado por la candidata de la lista 1.
Secretario regional del APRA, Enrique Melgar.
El reelegido secretario regional del APRA, Enrique Melgar anunció que renunciará al cargo en caso sus detractores comprueben que pagó 10 soles por voto emitido a su favor en las elecciones del domingo 3 de mayo. ‘‘Digo que renuncio a todo, no tengo temor. Al cargo si eso lo que quieren’’, expresó.
Y es que a inicios de esta semana salió a la luz la denuncia de compra de votos efectuada por el ex secretario del partido Santiago Terrazas quien a la Republica dijera que «se han comprado los votos e inclusive se puso movilidad para que se acerquen a votar y se les pagaba diez soles. Eso nunca se ha visto en el partido. Es cierto que si solo hubieran asistido militantes, como se hacía antes, no se hubiera tenido tanta población votante pero se tendría un voto legítimo de los compañeros, hecho a conciencia. Ahora la gente vende su voto ¡Y tan barato! Dan diez soles para marcar el 2″.
Melgar aseguró que los 963 votos que obtuviera la lista 2 y le valieran su victoria se debió al apoyo que le brindara la población y no por otro tipo de acciones.
En tanto sus contendores Niels Zavala (lista 3) y Yamila Salamanca (lista 1) lograron el respaldo de 761 y 343 votantes respectivamente.
Como se recuerda las elecciones fueron de carácter abiertas al público. Cualquier poblador podía emitir su voto, no importaba si este era o no simpatizante.
Junto a la denuncia de compra, Melgar deberá afrontar un pedido de nulidad de elecciones firmada por su contrincante de la lista Nro. 01 Yemile Salamanca Calderón.
Según el documento, el proceso se realizó violando las directivas del Tribunal Nacional Electoral del partido, entre las irregularidades figura que Melgar postuló pese a que en su contra existía una tacha por estar procesado por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. De acuerdo con la normativa ninguno de los candidatos podía presentarse con procesos acuestas.
