Hoy a las 10 de la mañana organizaciones de la sociedad civil presentarán una acción de inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos 982, 983, 988 y 989 que limitan seriamente derechos fundamentales.
Esta iniciativa impulsada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Confederación Peruana de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), entre otras, tiene por finalidad que el Tribunal Constitucional declare que determinados artículos de esos decretos son inconstitucionales.
Según Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "la inconstitucionalidad de estos Decretos Legislativos se basa en razones de forma, porque regulan determinadas situaciones para las cuales el Poder Ejecutivo no tenía facultades y razones de fondo, y porque vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de los ciudadanos".
"Esta acción refleja la preocupación de la sociedad civil frente a normas que constituyen una amenaza contra las protestas sociales. El Gobierno fue facultado para disponer el tratamiento legal al crimen organizado, es decir el terrorismo, el narcotráfico o la trata de personas, pero no para sancionar a quienes participen en protestas o huelgas en demanda de sus derechos. Consideramos que el Gobierno cometió un grave error y que la ciudadanía, mediante los canales correspondientes, está buscando corregirlos".
La presentación de esta acción de inconstitucionalidad ha sido posible en virtud al respaldo ciudadano que a la fecha ha sido cuantificado en más de 6,500 firmas de apoyo a la campaña "No a la Criminalización de la Protesta Social, Sí a los Derechos Humanos". Quedamos a la espera de que en las próximas semanas el Tribunal Constitucional se pronuncie favorablemente.
