Señaló que si se produce el desalojo, el Gobierno Regional tendrá que asumir el costo de las viviendas que se construyeron en el terreno de 35 hectáreas.
Santos Pablo Agama presidente del Consejo Regional de Tacna, descartó ser el abogado que defiende a los socios de APERTAC.
Aunque aseguró no ser el abogado defensor de los asociados, el presidente del Consejo Regional Santos Pablo Agama cuestionó la decisión del Poder Judicial que declaró fundada la demanda del Gobierno Regional de Tacna (GRT) y ordenó el desalojo por ocupación precaria de la Asociación de Pequeños Empresarios Región Tacna (Apertac).
Señaló que el GRT se basó en una resolución inejecutable porque se se hizo fuera del tiempo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativos, ya que la institución solo tenía un año para emitir el documento y lo hizo después, motivando la prescripción del mismo.
«Cuando usted entrega un acta de adjudicación (primigenia) se entiende que se agotó la vía administrativa. Desde ese momento que se entrega adquiere protección Constitucional. Ese documento si no es derogado o revocado antes de lo que señala la ley (que da un plazo de un año) ya prescribió administrativamente», subrayó.
Agregó que la decisión del Poder Judicial es una primera sentencia y recalcó que uno de los puntos se hace mención a la casación de Ucayali, de tal manera que si se produce el desalojo -dijo- el GRT tendrá que pagar por las edificaciones que se construyeron en el terreno de 35 hectáreas que ocupa actualmente APERTAC.
Y aunque los asociados no contaban con la licencia de construcción respectiva para levantar sus predios, Santos Pablo Agama sostuvo que actuaron de «buena fe» y solo serían multados de iniciarse un proceso.
Finalmente culpó a los funcionarios de la gestión anterior por entregar de forma ilegal las 35 hectáreas, y reiteró que un acta de adjudicación primigenia vale más que un título que se entrega con posterioridad.
