(Cortesía CNR).- El presidente del Gobierno Regional de Ancash, César Álvarez, sindicó a los congresistas Helvezia Balta (APRA), Víctor Mayorga y Juvenal Ordóñez (Partido Nacionalista) de ser los responsables de la promoción y discusión del proyecto de ley de remanentes y utilidades mineras, que se debatirá esta semana en el pleno del Congreso.
Según el titular de la Región Ancash, este proyecto le quitará a su departamento el dinero necesario para la construcción de carreteras y será entregado como utilidades "a la burocracia y aristocracia sindical de las mineras que son en Ancash, sólo 39 trabajadores en planilla".
Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Álvarez Aguilar denunció que la federación minera y las empresas del sector "están realizando un lobby para que este proyecto sea discutido en el Pleno, exonerándolo del trámite de comisiones".
"Nosotros habíamos logrado que se forme una comisión para debatir el tema (…) el premier (Jorge) Del Castillo me dijo después que ya el tema estaba en agenda para verse en el Pleno y no reconoció la formación de la comisión (…) y hay congresistas que están moviendo el tema, sólo se preocupan por eso".
Álvarez manifestó que "están moviendo dinero bajo la mesa y ahí hay congresistas que están preocupados sólo por ese proyecto que afecta no sólo a Ancash sino a once regiones más que tienen canon minero (…) lo digo con nombre propio: la congresista aprista Helvezia Balta, los nacionalistas Juvenal Ordóñez y Víctor Mayorga, ellos le están haciendo daño a Áncash".
Como se recuerda, el Pleno del Congreso analizará, en la próxima sesión plenaria del jueves 15, el dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, por el cual se establece una mejor distribución de las utilidades que perciben los trabajadores mineros, eliminándose además el límite de los 18 sueldos que se aplica como tope.
La información fue dada a conocer por el vocero de la bancada aprista, Luis Negreiros Criado, y confirmada por la segunda vicepresidenta de ese poder del Estado, Martha Moyano (Grupo Parlamentario Fujimorista).
El referido dictamen tuvo como base un proyecto de ley del Ejecutivo que proponía una distribución del orden del 70% de las utilidades, en función a las horas trabajadas, y contemplaba además un aporte del 5% para el fondo de empleo del sector.
El dictamen sancionado por la Comisión de Trabajo enriquece adicionalmente la propuesta que en su oportunidad presentó el sector empresarial, por la cual se proponía una distribución del 50% en función al ingreso anual de los trabajadores, y un porcentaje similar de acuerdo con las horas trabajada.
