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«Gonzáles Rocha debería estar preso»

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Congresista Justiniano Apaza señaló que porque algunos jueces y fiscales bailan al compás de los dólares no está preso, pero «ya le tocará pagar sus culpas».

Foto: Referencial

La titular de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Arequipa, Alejandra Cárdenas, informó que el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, admitió que pagó al abogado Jesús Gómez Urquizo por asesorías a la empresa.

A raíz del levantamiento del secreto bancario, se advirtió que Gómez recibió más de un millón y medio de dólares de la minera y, según las investigaciones, de esa cifra se giró S/. 193 mil al ex dirigente del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez.

Cabe precisar que en un inicio el letrado mantenía una posición sumamente crítica hacia el proyecto Tía María, al cual acusaba de grave contaminación, luego cambió radicalmente.

Durante el interrogatorio realizado, el presidente de Southern Perú no pudo demostrar con documentos qué trabajos de consultoría realizó el letrado para la compañía, la fiscal le dio un plazo de 10 días para presentar los informes respectivos.

Gonzales Rocha se negó a declarar ante la prensa. 

Al respecto, el congresista Justiniano Apaza consideró que el presidente de la minera Southern Perú Cooper Corporation debería estar preso por los actos de corrupción  que ha cometido, aprovechándose de una necesidad. Repudia estos actos de soborno.

“Gonzáles Rocha es un corrupto y trata de corromper a los demás”

Jesús Gómez Urquizo fue uno de los defensores del medio ambiente, luego desapareció, y tras criticar duramente a Southern la defendió. “Este abogado debería estar preso también, no tiene ética”

Como algunos jueces y fiscales bailan al compás de los dólares Gómez Rocha está libre, pero ya le llegará su momento. 

«Southern trató de comprar conciencias y la dignidad de un pueblo, pero no lo consiguió porque para ellos lo primero han sido sus principios y el defender su vida».

Respecto al proyecto Tía María, Apaza considera que no es el momento para imponer una mina sin el permiso social de una comunidad que defiende la vida y el agro.