La Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, sancionó a 3 empresas con 40 meses de inhabilitación para contratar o licitar con el Estado por presentar documentación falsa en el concurso público para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión de la represa Yarascay
Foto: Referencial
Tras culminar el proceso sancionador contra el Consorcio Yarascay ante el Tribunal de la OSCE, éste decidió sancionar con 40 meses de inhabilitación para contratar o licitar con el Estado a las empresas Técnica y Proyectos S.A, Energoprojekt Hidroinzenjering S.A y Carlos Alfredo Machicado Pereyra y Asociados S.R.L integrantes del Consorcio Yarascay.
En el documento se precisa además que en cuanto a la intencionalidad del infractor debe valorarse que la comisión de la infracción se realizó en dos momentos, durante la etapa de presentación de propuestas del proceso de selección y en la etapa de ejecución contractual, donde se presentaron varios documentos falsos y/o con información inexacta.
Precisan que la presentación de documentación falsa constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código penal, por lo que disponen poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos para que se interponga la acción penal correspondiente.
ANTECEDENTES:
El Proyecto Especial Tacna (PET) demandó al Consorcio Ingeniería Yarascay el pago de S/. 15 millones como compensación por las presuntas irregularidades que cometió para ganar un contrato de S/. 6 millones 965 mil, en agosto del 2013.
El consorcio elaboró los estudios de prefactibilidad de la represa Yarascay. Estos fueron observados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Ante lo ocurrido, a inicios de abril, el PET optó por declarar nulo el contrato.
El 28 de abril pasado, el consorcio solicitó al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tacna, un arbitraje entre ellos y el PET. Fuentes cercanas a esta última institución informaron que la Procuraduría Regional, en representación del PET, respondió a la demanda del consorcio solicitando que éste retorne el pago de S/. 6 millones que recibió por los estudios.
A ello se suma el pedido de la Procuradoría del pago de S/. 9 millones por los perjuicios provocados ante un estudio de prefactibilidad que aún mantiene observaciones.
