Abogado señaló que la decisión judicial de la Sala Villa Stein, deja en la impunidad uno de los crímenes “más graves y horrendos” que se cometieron.
Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
La nulidad de la sentencia contra Alberto Fujimori por el caso “Diarios Chicha” genera una “jurisprudencia nefasta”, porque puede ser usada por altos funcionarios para evadir fallos en contra, opinó hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
Indicó que la decisión judicial, tomada por la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein, deja en la impunidad uno de los crímenes “más graves y horrendos” que se cometieron durante el gobierno fujimorista.
“Lo más grave es que esta sentencia determina una línea de interpretación de los delitos de corrupción de funcionarios contraria al que tuvo el sistema de justicia hasta el día de hoy (…) La jurisprudencia es nefasta”, afirmó Rivera, en TV Perú.
El abogado recordó que, según la sentencia, Fujimori no podía ordenar el desvío de fondos hacia estos diarios, porque el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) “no dispone que el mandatario maneje o disponga recursos presupuestales”.
Bajo ese argumento, dijo, “no solo Fujimori, sino cualquier alto funcionario, presidente regional, alcalde, tendrá que ser excluido de sus responsabilidades porque ningún ROF determina que los altos funcionarios dispongan de los recursos públicos. Ese ese el sentido más grave que propone esta resolución”, agregó.
En ese sentido, el letrado señaló que la sentencia puede estar abriendo “una rajadura” en otras resoluciones dictadas en contra del exmandatario, principalmente, la que se refiere a su sentencia por casos de derechos humanos.
“Esto es una suerte de palanca, es una sentencia que será usada como una palanca, no solo en caso de Fujimori, sino que ahora cualquier presidente regional dirá que su ROF no dice que maneje fondos públicos, no dice que dispongo de presupuesto”, reiteró.
Rivera sostuvo que esta sentencia, además, “es más política que legal”, porque pretende dar un mensaje y un nuevo sentido de interpretación de los crímenes de corrupción.
