La Comisión Permanente del Congreso eliminó el importe que se hacía en los recibos de luz para financiar el Gasoducto Sur Peruano.
(Foto:Radio Uno)
La norma ordena que 150 días después de la entrada en vigencia de esta Ley 30543, el Ejecutivo emitirá el reglamento para iniciar la devolución de los importes cobrados durante la construcción del Gasoducto Sur Peruano.
El gobierno publicó la Ley 30543 que elimina el cobro de Cargo por Afianzamiento de Seguridad Energética (CASE) que viene afectando el costo del servicio eléctrico y ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicio energético, en el marco de la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.
“Creo que es una noticia positiva, siempre nos preocupó el cobro de seguridad energética y a la luz de todos nos ha ido pareciendo que todo caía por su propio peso. No había sentido que se mantenga, creo y espero que la nueva negociación no incluya esto; el inversionista tiene que asumir cierto riesgo no. El gran problema de estas asociaciones público – privadas es que le dan una completa seguridad al inversionista privado y en todo negocio hay un nivel de riesgo”, indico Fuster.
Se ordena también al Ejecutivo que en un plazo no mayor de 150 días calendarios a partir de que esta ley se ponga en vigencia (mañana sábado 4 de marzo), el Poder Ejecutivo emitirá el reglamento y los dispositivos normativos pertinentes, según la primera disposición complementaria. Esta norma, que elimina el cobro en los recibos de luz, fue aprobada con voto unánime por la Comisión Permanente del Congreso el martes 31 de enero.
“En realidad, no se vio con muy buenos ojos esta opción que tuvo el contrato de concesión para asegurar la rentabilidad del proyecto, se trataba del cobro de afianzamiento de seguridad energética, el que cual costeaban todos los peruanos”, sostuvo Fuster.
El pago que se hace en los recibos de luz por el Gasoducto Sur fue cuestionado después de conocerse los actos de corrupción que cometió Odebrecht, miembro de la concesionaria a cargo de la obra, para adjudicarse obras en nuestro país.
“Luego de ver en los últimos meses, el nivel de corrupción que había en estos contratos estando sobrevalorados y garantizando una utilidad en base al cobro de estas tarifas. Es un tema que no debería volver a repetirse, en algún momento se nos vendió la idea que era la única manera de que este proyecto salga delante”, asevero Fuster.
Posteriormente la constructora brasileña se encontró obligada a vender su participación en el proyecto, pero no lo consiguió. Así, se venció el plazo para garantizar su ejecución y la obra retornó al Estado.
