Santos Pablo Agama indicó que está medida se encuentra dispuesta en Artículo 376-B sobre el Otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles.
(Foto:Radio Uno)
Dentro de las disposiciones complementarias transitorias de la Ley nº 30327 – Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, se encuentra Artículo 376-B sobre el “Otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmueble”, el cual refiere:
El funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de cuatro ni mayor de seis años. Si el derecho de posesión o título de propiedad se otorga a personas que ilegalmente ocupan o usurpan los bienes inmuebles referidos en el primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años.
Ante ello, el consejero santos Pablo Agama señaló que a partir del 25 de Noviembre del 2010, todas las ocupaciones que se han efectuado desde esa fecha en adelante son ilegales y serían penados con la cárcel.
“Cualquier persona que realice una ocupación o invasión es ilegal a partir del 35 de Noviembre del 2010, así mismo los que promuevan estas invasiones. Hay más de 200 solicitudes de venta directa de terrenos, pero la mayoría son asociaciones. En la ordenanza regional 020-2013, en su artículo primero se prohíbe las invasiones y en el sexto dice que cuando llega sin trámite alguno debe ser denegada, pero hemos visto que los funcionarios han estado dándole trámite. Ahora la denuncia no solamente va a ser para el invasor si no al funcionario, de 5 a 8 años a quien permita las ocupaciones ilegales. Esto es una ley en el año 2015, quinta disposición de la ley 30327”, indicó Agama
