«En el Perú no existe cultura de protección de datos» lo que genera numerosos reclamos. Siendo así, se requiere de profesionales especializados en dicha materia. Al respecto habló Antoni Bosch Pujol – Director Del Instituto de Auditoria y Gobernanza.
Antoni Bosch Pujol – Director del Instituto de Auditoria y Gobernanza.
A fines de noviembre de este año, la Neumann Business School estará dictando el curso de «Experto Certificado en Protección de Datos», informó Antoni Bosch Pujol – Director Del Instituto de Auditoria y Gobernanza quien el miércoles estuvo dictando una conferencia en la Neumann Business School. Mayores datos serán brindando en dicho instituto y así también a través de IAITG.EU.
El especialista refiere que, “en Perú falta bastante (esto de la protección de datos). En España nuestra Ley de Protección de Datos empezó en el año 92 es decir; llevamos ya 25 años. En Perú La Ley es del 2011 y el reglamento fue del 2013 y se empezó hacer cosas en el 2014 a 2015, recién estamos empezando. Acá en la región la protección de datos es muy joven. En la Unión Europea llevamos muchos años”.
Si bien, “tenemos una reforma del Código Peruano, ahí entraríamos en temas de cárcel a parte de las sanciónes que en Perú van desde leve, grave y muy grave con multas que alcanzan los 100 UIT (muy grave)». En el país “no hay cultura de privacidad, hay una falta de sensibilidad y muchas gentes se plantean la protección de datos como frenos al negocio”, comentó.
¿Cuánto de nosotros no hemos leído las condiciones al momento de instalar aplicaciones?, “le damos al botón de aceptar y alguien se tiene que preguntar que, ¿en un mundo donde prácticamente se paga por respirar, cómo es que te están dando esto gratis? estas pagando con tu intimidad”. Al no tener en cuenta esto, es que se generan numerosos reclamos por temas relacionados a banca, operadoras de telefonía, hospitales y universidades, acotó.
No obstante la gran mayoría desconoce cómo proceder pues aclaró que la Dirección del Instituto de Auditoria y Gobernanza no tiene el mismo accionar que Indecopi donde se interpone una denuncia solicitando una compensación económica. En este caso, la atención de la Dirección está dirigida a personas naturales a fin de gestionar el bloqueo de la información que pudieran brindar por desconocimiento. Es justamente este proceso que no se enseña en las universidades aun, motivando el curso a desarrollarse a finales de noviembre dirigido a abogados e ingenieros en sistemas.
¿Hasta qué punto la información que tiene el Estado es información accesible a todos los ciudadanos? Prima la transparencia siempre y cuando no afecte a la privacidad e intimidad de las personas. «En cuanto a la petición de información por Ley de Trasparencia, mientras no afecte a datos de personas naturales no habría ningún tipo de discriminación salvo que afecte a seguridad del Estado». Pero, cuando resulta que ese acceso compromete la privacidad de terceros, «se trata de analizar quién hace la petición de información que se conoce como interés legítimo, esto no es muy regulado aquí, pero si en la Unión Europea». A partir de ahí se puede determinar si esa persona hará un mal uso de la información.
Siendo así -a modo de ejemplo- en referencia al caso de la comuna albarracina donde se venía solicitando información de un gerente de quien se decía no tenía título sino bachiller, pero en dicha institución alegaron que no brindarían información pues comprometía datos personales. En este caso, mencionó que «la reforma que hubo, con el tema de la ley de transparencia no contemplaba una autoridad que regulase esto. Con el pedido de facultades a inicio de año fue modificada creándose la Dirección General de Transparencia Acceso de Información y Protección de Datos considerada en el Viceministerio de Justicia y de ella cuelgan tres direcciones; una de fiscalización y de instrucción, otra que es dirección de protección de datos y finalmente la dirección de transparencia a ella habría que recurrir si procede dar información o no», acotó que esto es desconocido para la mayoría de personas que buscan gestionar tales pedidos de información en instituciones públicas.
