Evalúan denunciar a parlamentarios en una acusación constitucional. La CNDH sostendrá reunión, a las 19 horas de este martes, junto a otras instituciones a fin de tratar este tema y otros de coyuntura nacional.
Fuerza autoritaria que desde el congreso somete a otros poderes del estado, expresó el representante de la CNDH.
Jorge Bracamonte quien representante a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, conversó con Radio Uno, indicando que este martes a las 19 horas sostendrán una reunión junto a otras instituciones como son la Asociación Nacional de Centro del Perú y la Confederación General de Trabajadores del Perú. La cita busca tratar temas de coyuntura nacional, entre estos una acusación constitucional contra parlamentarios del fujimorismo.
“(…) De la misma manera como han actuado con celeridad y se han salteado 20 procesos de acusación constitucional previo para tumbarse al Fiscal de la Nación, también tiene que atender nuestra demanda bajo los miso términos, ante la misma situación el mismo derecho y mismo trato”.
Advirtió que de no ser atendido su caso “el Congreso de la República estaría actuando de una forma abiertamente discriminatoria y si es así (…) habilitaría la ruta para apelar a los mecanismos de justicia supranacional”.
Y es que, según Bracamonte, este bloque político viene generando la instalación de “una fuerza autoritaria que desde el Congreso somete a otros poderes del Estado”, además que “esta imposición de fuerzas desde el Congreso está generando la crisis institucional de la democracia más grande que hemos tenido”, esto en referencia las denuncias contra el Tribunal Constitucional y Ministerio Público.
Como se recuerda, el congresista de Fuerza Popular César Segura presentará este miércoles 22, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el informe sobre la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón.
Así también, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría, solo con votos del fujimorismo, establecer un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Para Bracamonte “lo que pretende el fujimorismo es mediatizar la autonomía de estos poderes para imponerle agendas y acciones que deben tomar en casos de que los líderes del fujimorismo están comprometidos”, refiriéndose de esta manera a la investigación a Joaquín Ramírez que está siendo a su vez investigado por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y Keiko Fujimori en el caso de los aportes de Odebrecht a su campaña política”.
