Para el abogado del congresista Guillermo Martorell, el juez se colocó la soga al cuello al condenar por colusión cuando este demandaba un mayor trabajo de la fiscalía que incluso en un inicio era cuestionado por el mismo magistrado.
El congresista Guillermo Martorell junto a su hermano Fernando Martorell y otros fueron sentenciados por delito de colusión.
Iván Torres, abogado del congresista Guillermo Martorell, conversó con Radio Uno, cuestionando el fallo del juez Franco Apaza quien dictó cinco años de prisión efectiva para el legislador, el hermano de éste, Fernando Martorell y otros implicado por delitos de colusión y negociación incompatible.
“(…) nos deja sorprendidos que ahora el juez Pedro Franco Apaza sentencie de este manera, dejándonos totalmente desencajados, en la medida de que, todos los que hemos participado en el proceso del juicio oral hemos sido testigos de cómo el mismo juez Franco Apaza ha cuestionado audiencia tras audiencia las intervenciones del fiscal, no existía una sola audiencia donde el señor juez no cuestionara o colocara en tela de juicio cada una de las manifestaciones del Ministerio Público (…) en donde incluso reprochaba la actitud del Ministerio Público sobre la calidad tan pobre de los medios probatorios que ofrecía (…) si bien es cierto que se puede trabajar con indicios, lo cierto es que, en este juicio ni a eso se llegaba”, mencionó.
A decir del letrado, “el juez se pone una soga al cuello al condenar por colusión cuando el estándar probatorio de colusión era mucho más alto, mucho más exigente, mucho más fino el trabajo del fiscal y del juez para condenar a alguien por colusión (…)”
Según el abogado, el Ministerio Público no sustento de manera fehaciente el delito de colusión que atribuía al legislador, “en el caso del señor Guillermo Martorell, lo acusan de que se concertó; el fiscal no sólo debe decir que se concertó sino decir cómo se concertó, qué mecanismos usó para concertarse. Es increíble que el fiscal y el juez digan a una defensa que porque era hermano tenía que haber sabido que la empresa estaba comprando, eso no resiste un argumento jurídico, son términos caseros”, aseveró.
En el supuesto que el legislador supiera de la compra del predio “se la regaló al Ministerio Público ¿eso es colusión?, eso no es colusión, eso sería omisión del deber funcional (…) hay que probar que participó. Porque existe el grado de vinculación sanguínea, existe colusión para el señor Juez, eso es absurdo para el señor juez”, agregó.
“(colusión) es un delito delicado, es un delito de corrupción de funcionarios y sin prueba alguna están condenando a gente porque opinaron que se podía vender”, sentenció.
Para Torres, existe una mano negra en este proceso. “Hubo una mano negra, y lo digo abiertamente, hubo una mano negra y esto sucede cuando el factor político interviene en el ámbito de los abogados, y hemos visto que cuando el escenario político comienza a presionar en el ámbito jurídico, sucede estas cosas raras que los abogados no podemos controlar”, comentó.
