Comisión expresó postura en audiencia donde la Corte IDH evaluó el cumplimiento de las sentencias de La Cantuta y Barrios Altos. Por su parte, Gloria Cano de APRODEH indicó que, «el derecho de gracia afecta la posibilidad de investigar a fondo quién era la persona que ordenó las esterilizaciones forzadas».
Presidenta de la CIDH señaló que para una verdadera reconciliación en el Perú tiene que haber respeto para el sufrimiento de las víctimas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este viernes, en Bogotá, una audiencia pública en la que se analizó el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori.
Durante la sesión, la presidenta del CIDH, Margarette May Macaulay, dijo entender que las víctimas de los casos por los cuales fue condenado Fujimori perciban su indulto como «una bofetada en la cara» propinada por el Estado.
La comisionada agregó que, si Fujimori realmente atraviesa un cuadro de salud delicado, el gobierno de PPK pudo haber tomado otras decisiones «que sería también una bofetada en la cara» para las víctimas, pero no tan grave como el indulto.
En ese sentido, aseveró que «para que toda la sociedad se beneficie de la reconciliación» tras el conflicto armado en el Perú «tiene que haber respeto para el sufrimiento de las víctimas y las familias que sufren».
Por su parte, Gloria Cano de APRODEH indicó que, «el derecho de gracia afecta la posibilidad de investigar a fondo quién era la persona que ordenó las esterilizaciones forzadas».
Manifestó que la clase de delitos por las que fue condenado el exjefe de Estado no admite la concesión que le hizo PPK.
Se tenía que garantizar el acceso a la salud de Fujimori, pero no «violar el derecho de las víctimas a conocer la verdad», en alusión al caso Pativilca que aún está pendiente de juicio.
