Procuradora del GRT indicó que interpusieron recurso de interpretación del laudo luego que, el PET perdiera arbitraje con el consorcio Yarascay, de esta manera buscan la nulidad del fallo que motiva la perdida de 10 millones de soles para la institución.
Procuradora del GRT, Martiza Rospigliosi. (Foto: Radio Uno)
Luego de algunos días de guardar silencio, la procuradora del Gobierno Regional de Tacna, Maritza Rospigliosi – en conversación con Radio Uno- informó que, fue interpuesto un “recurso de interpretación del laudo”, luego que, el Proyecto Especial Tacna perdiera un arbitraje con el consorcio Yarascay por un monto aproximado de 10 millones de soles.
Explicó que, como entidad declararon de oficio la nulidad del contrato al tener la presunción de que el contratista habría presentado documentación falsa en el momento de la licitación. “Cuando expide el fallo el colegiado hace mención que nosotros teníamos que recurrir necesariamente a darle el derecho de defensa al contratista (siendo así) al momento de interponer este Recurso de Interpretación, le digo al colegiado: explique usted en que norma dice de que yo necesariamente tengo que correr traslado a la otra parte si yo me rijo por la norma de la Ley de Contrataciones del Estado, le digo interpréteme, es dudosa su considerando, su fallo, explique cuál es la norma que necesariamente señala que yo tengo que seguir ese procedimiento”.
Entonces “el laudo no tiene autoridad de cosa juzgada porque (el colegiado) tiene que resolver nuestro recurso”. Si en caso la resolución del colegiado es contradictorio a los intereses de PET, interpondremos un recurso de nulidad, advirtió.
Así también mencionó que “incluso hay un proceso penal que se está tramitando ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción que viene investigando delitos de negociación incompatible, falsa declaración procedimiento administrativo y delitos contra la fe pública. Antes que se pida el laudo, como procuraduría en defensa del PET presenté la pericia realizada por la PNP por la división de criminalística donde se concluía que las firmas eran falsas, existe una acusación contra el representante de Yarascay, contra los miembros del comité de licitación y otras personas”.
