Según Carlos Rivera Paz, abogado de IDL, Alan García no quiere responder en la investigación por lavado de activos y corrupción de funcionarios.
(Foto: Radio Uno)
Decir primero que no escapará del Perú, y horas después pedir asilo al gobierno de Uruguay, demuestra para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que el expresidente Alan García tiene temor a que le encuentren vínculos con Odebrecht.
“Decía como que le había agradado que le impidan la salida del Perú por 18 meses, porque eso le iba a permitir trabajar con el pueblo aprista. Bueno, ese es el presidente García, que dice una cosa y siempre hace otra (…) Es un mensaje en altavoz de culpabilidad”, manifestó.
Acerca del trámite del pedido de asilo, Rivera refiere que Perú y Uruguay son firmantes de la Convención de asilo de 1954. Y que en su artículo 3, establece la prohibición de dar asilo político a personas imputadas o procesadas por delitos comunes.
Esto dice la Convención sobre Asilo Político de 1954. El caso de AG no aplica. pic.twitter.com/X64Thiri7B
— Carlos Rivera Paz (@IDL_Rivera) 18 de noviembre de 2018
“García sabe esto, pero está maniobrando las decisiones del gobierno de Uruguay. Solo para ganar tiempo”, agregó.
Enfatizó que ambos países también han suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Palermo, que persigue la criminalidad organizada.
Asimismo, opinó que desde hace semanas García levantó el argumento de la persecución política y golpe de Estado para no ser investigado.
«Lo único que causó fue una avalancha de memes, porque ya nadie toma en cuenta una declaración política en ese sentido, de que aquí hay persecución política”, explicó.
Subrayó que el trámite de García ante el gobierno de Uruguay es un intento de fuga, que puede conllevar a un pedido de prisión preventiva. Cabe precisar que este sábado el Poder Judicial le dictó una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.
“Formalmente García está fuera del país y está evadiendo una orden judicial”, sostuvo.
