Ordenó comparecencia para tres servidores municipales y un dirigente.
(Foto: Radio Uno)
El pedido de prisión preventiva contra el vicepresidente de la asociación de vivienda Los Chaskis I, Sergio Yupanqui Arispe, así como los funcionarios Fernando Acevedo Velásquez, Elvira Alvarado Amones y Jaime Dueñas Noriega, de la Municipalidad Provincial de Tacna, fue declarada infundada por el juez Yuri Maquera.
En el caso del dirigente, el magistrado ordenó comparecencia simple. Cabe precisar que fue liberado debido a que el requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público no incluía elementos de convicción en su contra.
Asimismo, el juez ordenó comparecencia restringida contra el asesor legal Fernando Acevedo y la jefa de la oficina de áreas de licencia y zonificación. Es decir, deberán firmar su asistencia cada 30 días ante el juzgado y la prohibición de ausentarse de la localidad sin conocimiento de la fiscalía ni autorización judicial.
El juzgado no encontró elementos que muestren que Acevedo recibió dinero para opinar a favor de la venta directa de terreno a Los Chaskis I. Solo la declaración de un testigo codificado, pero que no fue acompañado por otros elementos.
En el caso de Alvarado, precisó que no hay elementos de convicción que la vinculen a presuntos hechos delictivos. Pero refirió que existe una conversación telefónica con Alfredo Chamorro en que dice no tener que ver “en su danza”.
Sin embargo, también menciona “Hubiera cobrado como Dueñas”. El juez infiere que tendría información, que no fue presentado por la fiscalía como elemento de convicción, por lo que solo abordará sobre el pedido.
CAUCIÓN
Del mismo modo, el juez declaró infundado el pedido de prisión preventiva sobre el funcionario Jaime Dueñas Noriega. El funcionario está hospitalizado en el hospital Daniel Alcides Carrión de EsSalud.
Tomó la decisión aunque encontró graves y fundados elementos de convicción por irregularidades en la venta directa de terrenos para la asociación de vivienda Los Chaskis I y las parcelas 5D-A y 5D-B, que la pena en juicio oral podría ser de 11 años y 6 meses de prisión, que tiene arraigo domiciliario y, de manera relativa, laboral y familiar, el juez señaló que no se ausentaría de la investigación debido a que acudió a su vivienda cuando se enteró del allanamiento fiscal y policial, pudiendo escapar.
El magistrado le impuso reglas de buena conducta y una caución de 4000 soles en un plazo de 3 días, además de tener prohibido salir de la ciudad sin conocimiento de la fiscalía y sin autorización judicial.
