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Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori

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Lideresa de Fuerza Popular se encuentra en libertad tras decisión de Tribunal Constitucional. Exdirectivos de Odebrecht han confirmado que se entregó un millón de dólares para su campaña.

Le correspondería una pena de 24 años y 10 meses de pena privativa de libertad.

En el documento presentado por el fiscal José Domingo Pérez para sustentar su pedido de prisión preventiva por 36 meses en contra de Keiko Fujimori, sostiene que la lideresa de Fuerza Popular habría incurrido en un concurso real de delitos en el caso Odebrecht, por el que le correspondería una pena de 24 años y 10 meses de pena privativa de libertad.

Según dicho requerimiento, al que tuvo acceso Gestión, a Fujimori Higuchi se le imputa el delito de lavado de activos, obstrucción de la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.

Pérez señala que subsiste el peligro de obstaculización, que se presenta en el nivel de sospecha grave y se sustenta en 140 testimonios, entre los que se encuentran los de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exdirigente de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka.

En él, Jorge Yoshiyama asegura que su tío le pidió contactar a amigos con solvencia económica para simular aportes a la campaña de Fuerza 2011 (Fuerza Popular), utilizando dinero de empresarios que no deseaban figurar públicamente como aportantes.

También se incluyen testimonios del excongresista Miguel Castro Grández y de decenas de testigos que detallan cómo se utilizaron nombres de terceros para simular aportes con el dinero entregado por empresarios.

Al sostener que existe peligro de obstaculización a través de actos vinculados al Ministerio Público, José Domingo Pérez cita testimonios que apuntan a un presunto apoyo recíproco entre Fuerza Popular y el fiscal Pedro Chávarry, que le permitió a este llegar a ser fiscal de la Nación y obtener favores en los procesos seguidos contra él en el Congreso.

Asimismo, el fiscal Pérez indica que existe peligro de obstaculización a través de actos vinculados al Poder Judicial y el Poder Legislativo (actualmente disuelto), sustentado en la presunta relación entre miembros de Fuerza Popular y el juez César Hinostroza, que, según testigos protegidos, tiene «muchos vínculos y poder en la Corte Suprema», por lo que dicho partido habría tratado de congraciarse con él desde el Congreso para que «cuando las investigaciones y procesos que se siguen contra Fuerza Popular lleguen a la Corte Suprema, estas pierdan el peso específico y se puedan caer».

El peligro de obstaculización también se sustenta en los testimonios de los empresarios Dionisio Romero Paoletti, Martín Pérez Monteverde, Vito Rodríguez y Edwin Antonio Camayo Valverde; además de los de los excongresistas Daniel Salaverry y Rolando Reátegui.

Al justificar el plazo de 36 meses para la prisión preventiva solicitada, Pérez indica que esta cantidad de tiempo se adecúa a los plazos de crimen organizado en los que se realizará un conjunto de actos de investigación, como la continuación de pericias grafotécnicas a vouchers bancarios, pericias contables para determinar los ingresos y egresos de Fuerza 2011 y para determinar la capacidad financiera de los aportantes que indican haber hecho aportes significativos a dicho partido.

También se encuentra pendiente la realización de pericias a DVD, CD, equipos de cómputo y documentación incautados en los locales de Fuerza Popular; además del deslacrado de los objetos recabados en las oficinas de la Confiep.

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