El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, anunció el retiro de la autógrafa de la resolución legislativa enviada al Poder Ejecutivo con la designación de Ingrid Soraya Suárez Velarde como Contralora General de la República, debido a que los descargos que formuló frente a los cuestionamientos a los certificados de sus estudios en España resultaron insatisfactorios y luego que hoy se conociera información que también cuestiona los documentos de los cursos que siguió en una universidad de los Estados Unidos.
Precisó que Suárez Velarde remitió esta mañana una carta al Parlamento en la que no adjunta ningún certificado de estudios y se limita a presentar dos documentos: una comunicación del presidente de la empresa Electrosur, Víctor Muñoz Chacón, quien certifica haberla autorizado a seguir estudios libres y una carta del doctor Alberto Diez González en la que afirma que Suárez participó como "alumna libre u oyente" en cursos que él dictó en la Universidad de Oviedo.
Velásquez Quesquén dio a conocer, además, información que pone en tela de juicio un certificado presentado por Suárez con las notas que supuestamente obtuvo en un curso seguido en la Universidad de California, Berkeley, realizado vía on line a través de la empresa Seminarium. Si bien la empresa confirmó que Suárez siguió el curso, aclaró que este no fue calificado, es decir no existía registro de notas. La propia universidad confirmó que el curso no generaba créditos.
Acompañado del primer y segundo vicepresidentes del Parlamento, Alejandro Aguinaga Recuenco y Álvaro Gutiérrez Cueva, el titular del Congreso informó que frente a estos hechos, se ha autorizado al procurador del Poder Legislativo para que adopte las acciones legales pertinentes.
Adelantó que la Comisión Permanente se reunirá a inicios de la semana entrante para dejar sin efecto la designación de Suárez Velarde y devolver la propuesta al presidente de la República para que presente un nuevo candidato que reúna todos los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Control y la Contraloría de la República.
Consultado sobre el pedido de la oposición para designar a dicho candidato, Velásquez Quesquén recordó que dicha solicitud era inconstitucional porque la Carta Magna establece que esa es una potestad presidencial. "Yo les diría a los miembros de la oposición que apoyen la reforma constitucional para adecuar su petición a lo que dice la Constitución", subrayó.
El titular del Parlamento resaltó el trabajo realizado por la comisión evaluadora, que presidió la congresista Mercedes Cabanillas Bustamante (PAP), la cual permitió detectar los hechos que finalmente determinaron esta decisión. "Ha sido el celo y la responsabilidad de esta comisión la que detectó estas irregularidades que no han podido ser levantadas", añadió.
