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“Repartija” en la DRET: “Que investiguen, pero no pueden venir a dañar honras”

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Manuel Anchapuri Canaza dice que desconocía que las donaciones que dispuso para ser repartidas entre docentes y funcionarios de la DRET eran para los escolares de la zona andina

(Foto: Radio Uno)

El exjefe de Administración de la Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET), Manuel Anchapuri Canaza, dijo a Radio Uno que en septiembre de 2020 fue absuelto de un proceso administrativo donde le investigaron por el reparto de donaciones de la Sunat entre docentes y trabajadores de la DRET, pese a que los bienes estaban destinados para colegios de Tarata, Candarave y Jorge Basadre. 

Según el informe de control específico 9453-2020, la Contraloría identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en Manuel Anchapuri Canaza. El documento precisa que Sunat donó 1016 bienes, valorizados en 37 804 soles, y todo ello era para colegios de la zona andina de la región Tacna. 

Sin embargo, identificó que entregaron 677 bienes a los colegios destinatarios, y que 334 fueron repartidos entre docentes y trabajadores de la DRET, por un valor comercial de 7554 soles. 

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Al respecto, Manuel Anchapuri Canaza refirió que la DRET le abrió un proceso administrativo en noviembre de 2019, que concluyó en septiembre de 2020 absolviéndolo de presuntas responsabilidades. Pero que, en paralelo, el órgano de control le abrió otro proceso que derivó en el informe 9453-2020. 

“Que me investiguen, pero no pueden venir a dañar las honras”, enfatizó. 

En su defensa, alegó que la dirección de la DRET le dispuso encargarse de las donaciones que quedaban por entregar. Anchapuri sostuvo que por ello conformó una comisión que decidió el reparto entre docentes y trabajadores. Afirma solo haber cumplido con su deber. 

“En ese momento no tenía conocimiento cabal. Ahora sí lo tengo. No conocía la resolución jefatural de Sunat, por ejemplo”, insistió.  

Agregó que los bienes restantes estaban en el almacén central de la DRET, y que corrían el riesgo de perderse o malograrse, por lo que pensó que repartirlos entre docentes y trabajadores era lo más adecuado. Además, dijo que no era para uso personal de los beneficiados, sino para actividades dentro de la sede de la institución. 

“Acá hay una responsabilidad administrativa de quienes han afectado la donación con esa resolución. Esa resolución ha sido firmada por la directora regional de ese entonces, por asesoría legal, por la oficina de administración, por la dirección de gestión pedagógica, quienes debían de observar el informe de control interno”, manifestó. 

“No existe acto penal. Administrativo quizás, pero ¿cuál sería el acto penal?”, cuestionó, al tiempo que insistió que el informe de Contraloría afecta su honorabilidad. 

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