Aprodeh mencionó que pese al tiempo, «todavía no hay un proceso penal abierto». Por su parte la CNDH advirtió que habría intensión de no perjudicar campaña de Keiko Fujimori.
No hay fecha de reinicio de audiencia. Expresidente Fujimori no estuvo presente.
El Poder Judicial suspendió este lunes la audiencia virtual en la cual el Ministerio Público tenía que presentar los cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, exministros de Salud y otros exfuncionario de su gobierno por el caso de esterilizaciones forzadas.
La audiencia estuvo a cargo del juez Rafael Martín Martínez, del Juzgado Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, y fue realizada mediante videoconferencia.
Al respecto, Gloria Cano, directora de Asociación Pro Derechos Humanos, acotó que las víctimas tienen que contar con las garantías que les permita entender la audiencia y durante la sesión de hoy, algunas señoras son cusqueñas quechua hablantes y el traductor presente no pertenecía a la zona, sino que era traductor de la variante quechua ayacuchana.
“Esperemos que se realice la audiencia y que las víctimas puedan tener por fin acceso a la justicia y lleve a cabo el proceso lo más pronto posible”.
Cano aclaró que la diligencia de hoy era la presentación de cargo, “todavía no hay un proceso penal abierto, es la fiscalía la que tiene que presentar con qué pruebas se denuncia a Alberto Fujimori y exministros, en base a esto el juzgado debe señalar si se abre o no el proceso”.
Mencionar que el exmandatario Alberto Fujimori no estuvo presente. El abogado César Nakazaki aclaró que Alberto Fujimori no tenía la obligación legal de concurrir al estar protegido por el Tratado de Extradición Perú-Chile, ya que este caso no forma parte de procesos penales de su extradición.
Para Miguel Jugo, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,La ausencia de Fujimori llama a sospecha, “en dos a tres meses son las elecciones y quizá de alguna forma se trata de proteger la candidatura de Keiko Fujimori”.
Involucrados en la denuncia
La denuncia involucra a Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
También incluye a Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar en el caso de Mamérita Mestanza, quien falleció tras ser sometida a un proceso quirúrgico de ligadura de trompas.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1996 y 2000, se implementó el Programa de Anticoncepción Quirúrgica voluntaria (AQV), el cual ha sido denunciado como un programa de esterilización forzada contra mujeres, sobre todo campesinas.
